La historia tiene una extraña manera de replicarse a sí
misma. Argentina ha pasado por un proceso similar al de los años posteriores a
1999, después de que Boris Yeltsin dimitiera y Vladimir Putin tomara su lugar
en el Kremlin como el presidente de la Federación Rusa. A pesar de que ha
estado luchando para liberarse del yugo extranjero, el gobierno federal
argentino en Buenos Aires ha ido consolidando su poder económico y político.
Buenos Aires, sin embargo, ha sido la oposición de una
sección transversal del antiguo régimen y oligarcas que colaboran con Estados
Unidos. Estas fuerzas se han opuesto a los grandes proyectos nacionales, la
re-nacionalización de las grandes empresas y el fortalecimiento de la rama
ejecutiva del gobierno. En este sentido, los enfrentamientos de la presidenta
argentina, Cristina Fernández de Kirchner con sus oponentes son similares a los
enfrentamientos de Vladimir Putin con los oligarcas rusos y los políticos que
querían subordinar Rusia a Wall Street y Washington, así como a las capitales
de Europa occidental y a los grandes centros financieros.
Cualquier nueva oportunidad es utilizada para debilitar al
gobierno argentino. La presidenta Fernández de Kirchner incluso ha acusado
públicamente a sus opositores internos y a los EE.UU. de colaborar en un
intento de cambio de régimen. Cuando DAESH o ISIS amenazaron con matarla en
2014, ella aludió que tal amenaza provenía realmente de Washington, que fue la
entidad que realmente mueve los hilos detrás de las brigadas terroristas de DAESH
en Siria e Irak. [1]
La muerte de Alberto Nisman
El último capítulo de la lucha del gobierno argentino
comenzó en enero de 2015. El mismo día que mataron el general de la Guardia
Revolucionaria Iraní Mohammed Allahdadi en Siria, el ex fiscal especial Alberto
Nisman fue encontrado muerto con una herida de bala en un lado de la cabeza, en
el baño de su apartamento cerrado por dentro, el 18 de enero de 2015. [2]
Nisman había estado investigando el bombardeo de un edificio perteneciente a la
Asociación Mutual Israelita Argentina (Asociación Mutual Israelita Argentina,
AMIA) en 1994. En 2003, fue nombrado para tal tarea por el presidente Néstor
Kirchner, el marido muerto de la actual presidenta de Argentina.
Unos días antes, había hecho reclamos en contra de la
presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman,
quien es judío. En palabras del New York Times , Nisman «había realizado
acusaciones graves.» [3] Él afirmó «que funcionarios iraníes habían planeado y
financiado el ataque; que Hezbolá, aliado de Irán en el Líbano, lo había llevado a cabo y que la presidenta de
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y sus principales asesores habían
conspirado para encubrir la participación de Irán como parte de un acuerdo para
suministrar petróleo iraní a Argentina. »[4]
El periodista judío Damian Pachter, que huyó de Argentina
tras la muerte de Nisman, ha añadido más leña al fuego desde Israel con un
artículo en Haaretz que utiliza la polémica contra el gobierno de Argentina. El
artículo de Pachter hace parecer que Argentina se mueve en las sombras de la
Alemania nazi o algún régimen fascista. Éstos son algunos de sus comentarios:
• No tengo ni idea de cuándo voy a volver a Argentina. Ni
siquiera sé si quiero. Lo que sí sé es que el país donde nací no es el lugar
feliz del que mis abuelos judíos solían contarme historias.
• Argentina se ha convertido en un lugar oscuro conducido
por un sistema político corrupto. Yo todavía no estoy seguro de todo lo que me
ha pasado durante estas últimas 48 horas. Nunca imaginé que mi regreso a Israel
iba a ser así. [5]
Antes de seguir adelante, hay que añadir que en los diez
años de investigación de Alberto Nisman, no pudo acusar a Irán o Hezbolá.
Además, se ha puesto de manifiesto que Nisman consultó a los EE.UU. con
frecuencia sobre el caso AMIA y que fue acusado por Roland Noble, el ex jefe de
la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), de ser un
mentiroso sobre muchas de las acusaciones que había hecho sobre el caso AMIA.
[6]
La muerte de Alberto Nisman fue reportada como un suicidio.
El momento de la muerte de Nisman, sin embargo, fue muy sospechoso. Murió sólo
horas antes de que debiera dar un testimonio ante el Congreso argentino. El
gobierno de Argentina ha dicho que su muerte fue un asesinato dirigido a
lastimar al gobierno. [7] Esta afirmación es correcta y ha llegado a buen
término porque la muerte de Alberto Nisman se está utilizando como munición
política para exigir la retirada del gobierno argentino.
La Quinta Columna en Argentina
The Guardian publicó un artículo el 27 de enero de 2015, donde
se afirmaba que la muerte de Alberto Nisman «sigue una lucha prolongada» entre
el gobierno argentino y la mano de la «agencia de inteligencia de Argentina que
ha salido a la luz después de la sospechosa muerte de Nisman, que la presidenta culpa a espías renegados que están tratando de
socavar su mandato».[8] Algunos puntos clave que señala el artículo son los siguientes:
• Funcionarios del gobierno han señalado con el dedo
acusador a espías, que dicen que estaban trabajando con Nisman informándole de
ciertas escuchas telefónicas.
• El principal de ellos es Antonio Stiuso, que hasta el mes
pasado fue el director general de operaciones y que ha espiado a los opositores
políticos de la presidenta. Fue despedido cuando Fernández descubrió que estaba
trabajando con Nisman para construir un caso en su contra. Se cree que él
trabaja para los EE.UU..
• En su discurso televisado - que ella hizo en una silla de
ruedas después de un accidente reciente - Fernández también criticó a Diego
Lagomarsino, quien fue acusado el lunes por
prestarle ilegalmente un arma de fuego a Nisman. [9]
A Lo que los puntos anteriores aluden es que los operativos
de seguridad y de inteligencia internos argentinos han estado trabajando para
derrocar a su propio gobierno. Además, como se mencionó anteriormente, Antonio
Stiuso y Nisman estaban trabajando en secreto en el establecimiento de un caso
para sacar a Kirchner del poder.
Existe una quinta columna en Argentina. Cabe señalar que
algunas de las personas involucradas en este caso son los elementos sobrantes
de la época de la dictadura militar en Argentina que colaboró estrechamente
con los EE.UU.. Esto podría explicar por qué se cree que Antonio Stiuso ha
huido a los EE.UU.. Por otra parte, es por eso que el gobierno argentino ha
iniciado una investigación sobre las actividades de varios agentes de policía
federales que vigilaban a Nisman y por qué ha decidido sustituir al
Secretariado de Inteligencia. [10] «Esto me llevó a la decisión de eliminar los
agentes que habían estado allí desde antes de la llegada de la democracia»,
comentó Kirchner. [11]
«Tenemos que empezar a trabajar en un proyecto para reformar
el sistema de inteligencia de Argentina, con el fin de aclarar un sistema que
no ha servido a los intereses nacionales», declaró la presidenta Kirchner sobre
las reformas. [12] Kirchner ha puesto de manifiesto que Inteligencia estaba
trabajando para socavar a su gobierno y para que anulara el acuerdo que
Argentina había hecho con Irán.
AMIA es un pretexto y Argentina es un delantero en una
guerra global multi-espectro.
El caso de la AMIA se ha politizado en dos frentes. Un
frente es una lucha interna y el otro se encuentra en el ámbito de las
relaciones internacionales. Un grupo de oligarcas argentinos están utilizando
el caso AMIA para recuperar el control sobre el país, mientras que los EE.UU.
están utilizando el caso AMIA como otra herramienta, similar al caso de los fondos
buitre contra Argentina para ejercer presión sobre el gobierno argentino e
interferir en los asuntos internos de Argentina.
La muerte de Alberto Nisman está siendo utilizada por los
opositores políticos del gobierno argentino para demonizarlo. La oposición está
dibujando a Nisman como mártir en una lucha por la democracia y la libertad en
un país gobernado por un régimen cada vez más autoritario.
El maniobras políticas en Argentina por el atentado a la
AMIA y su investigación refleja algo mucho más grande. Irán no es el único
objetivo en la polarización de la causa AMIA. Tampoco es el de la búsqueda de
justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. China, Rusia, Cuba, Brasil,
Venezuela, Ecuador, Bolivia y una serie de diferentes países independientes
también son objetivos en lo que es realmente una lucha mundial entre los EE.UU.
y una coalición de estados independientes que están resistiendo la influencia
estadounidense.
Los objetivos finales de los EE.UU. son para recuperar su
influencia perdida en Argentina, para redirigir las relaciones comerciales de
Argentina y el control de su política exterior. Esto incluye poner fin a las
medidas que Buenos Aires ha comenzado a tomar para recuperar el control de las
islas Malvinas de los británicos, que está situado en una zona rica en energía
en el Atlántico Sur.
Además de una guerra de recursos que incluye reservas de
energía, la guerra multi-espectro librada por los EE.UU. contra sus rivales se
ha estado preparando para un asalto agrícola que se traducirá en la
desestabilización de precios de los alimentos porque, aparte de explotar sus
reservas de petróleo y gas natural, Argentina es una potencia agrícola importante.
El control de Buenos Aires sería útil para los EE.UU..
Los vínculos políticos de los fiscales que convocan al 18F [13]
Los fiscales que convocaron a la marcha de homenaje a
Alberto Nisman aseguran ante cada micrófono que se les presenta que no tienen
intencionalidad política y reclaman que los participantes acudan el próximo
miércoles sin banderas o símbolos partidarios. Sin embargo, ese discurso entra
con contradicción con la realidad, ya que buena parte de los organizadores
tiene estrechos vínculos con el PRO de Mauricio Macri, quien ya anunció su
presencia en la marcha como ciudadano; el Frente Renovador de Sergio Massa, que
también instó a la ciudadanía a participar; y el menemismo, además de aceitados
contactos con el Grupo Clarín, que se ha transformado en gran difusor de la
convocatoria.
Esos vínculos políticos de algunos de los fiscales se suman
a la particularidad de que varios de quienes realizaron la convocatoria fueron
denunciados incluso por familiares de las víctimas de la AMIA por entorpecer la
investigación, mientras que otros aparecen vinculados a represores en causas
por la violación de Derechos Humanos, y todos se enfrentaron abiertamente con
los distintos proyectos de reforma y democratización del Poder Judicial que
impulsó el gobierno nacional en los últimos meses.
La convocatoria de la marcha para el este miércoles
profundizó la brecha que en los últimos años se abrió en la familia judicial
entre quienes impulsan una modernización de la justicia y aquellos que buscan
mantener el statu quo. Esa pelea está cruzada transversalmente por la
pertenencia política de los convocantes, que en algunos casos se corporiza
incluso a partir del rol de funcionarios de varios de los organizadores en
administraciones comandadas por la oposición.
Lo único que queda claro es que todos los convocantes están
cruzados por un denominador común: su manifiesto antikirchnerismo, que han
hecho público en declaraciones periodísticas, artículos de opinión y hasta en
escritos judiciales. El que sigue es apenas un repaso del complejo entramado de
relaciones que vincula a los convocantes a la marcha del próximo miércoles.
GERMÁN MOLDES
Germán Moldes es fiscal de la Cámara Federal Porteña y uno
de los más fervientes impulsores de la convocatoria. Junto al juez Claudio
Bonadio, integrante de la servilleta menemista, conformó el mismo grupo
político que José Luis Manzano, Carlos Corach y Hugo Anzorreguy. De hecho fue
el propio Anzorreguy, entonces jefe de la SIDE, quien lo nombró en 1994 como
fiscal ad hoc para seguir la causa AMIA.
Por su labor en ese cargo está sospechado de integrar un
grupo de funcionarios judiciales que entorpecieron la investigación de la
voladura de la mutual judía y entorpecieron el trabajo del propio Nisman.
Puntualmente se sospecha que fue el responsable de
"plantar" la pista iraní con el objetivo de embarrar la causa. A tal
punto que es recordada una aparición televisiva de Moldes en la que exhibió un
fragmento que adjudicó a la camioneta Trafic presuntamente utilizada como coche
bomba en el atentado, algo que nunca fue probado.
Tres años después, en una devolución de gentilezas, Moldes
consiguió que la hija del influyente abogado Jorge Anzorreguy, hermano de Hugo,
asumiera como fiscal adjunta de la Cámara Federal, pese al rechazo público de
21 fiscales y 22 secretarios en una nota, en la que expresaban su "repudio
y preocupación" por las designaciones. Eso porque la joven Anzorreguy no
cumplía con los requisitos básicos que establecía la ley del Ministerio Público
que se encontraba en ese momento en discusión en el Parlamento. Casualmente,
Moldes era el titular a cargo de esa fiscalía.
Entre los fiscales que en ese momento se opusieron a las
designaciones estaban Pablo Lanusse y José María Campagnoli, aunque el próximo
miércoles marcharán todos juntos.
En 1991 fue secretario de Población durante la gestión de
José Luis Manzano en el Ministerio del Interior. Sus vínculos con el menemismo
volvieron a emerger en la historia reciente. En 2012, el juez Ariel Lijo
sobreseyó a Carlos Corach, a Carlos Ruckauf y varios funcionarios del juzgado de
Juan José Galeano, además de policías de la Federal y la Bonaerense, en la
causa por el encubrimiento del atentado. La agrupación Memoria Activa apeló esa
decisión y el fiscal Patricio Evers no hizo lugar. Entonces, los familiares de
las víctimas del peor atentado terrorista de la historia argentina recurrieron
al fiscal Nisman, pero su respuesta fue demoledora, afirmó que "no podía
hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento", relataron.
En 2013, los integrantes de Memoria Activa fueron ante la procuradora
general, Alejandra Gils Carbó y denunciaron que tanto Moldes, como Nisman,
Evers y el fiscal Raúl Pleé, no cumplían con el deber constitucional de
promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad.
Gils Carbó ya tenía idea de a qué se enfrentaba. Página 12
reveló que cuando la procuradora asumió su cargo recibió a Moldes, quien le
pidió que "recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con
el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país".
Tras la muerte de Nisman, Moldes ocupó un espacio destacado
en los medios por darle curso a la denuncia presentada en octubre pasado por
los diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo quienes
daban cuenta de una presunta estructura de encubrimiento para favorecer al
empresario Lázaro Báez en la que –según el periodista Omar Lavieri– podría
quedar imputada la presidenta Cristina Fernández. Fue el 20 de enero, horas
después de la muerte de Nisman.
Lo llamativo del caso fueron los argumentos de Moldes, que
dio a conocer el portal de noticias Infobae, más parecidos a una arenga de
oposición al gobierno que a un escrito judicial. "No habrá 'relato' ni
argucia, ni reforma capaz de evitar que tarde o temprano todo salga a la luz.
Cuanto antes nos pongamos en camino, antes llegaremos a destino. Después de
todo, de nosotros depende", sostenía el fiscal.
El texto deja varios interrogantes, como por ejemplo
determinar a quiénes se refería con ese "de nosotros depende".
RICARDO SÁENZ
Ricardo Sáenz es el fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad y, como tal, será el
encargado de revisar la tarea de Mónica Fein en la investigación por la muerte
de Alberto Nisman. Es además vicepresidente de la Asociación de Magistrados, e
impulsor de uno de los recursos contra las designaciones de fiscales que
efectuó Gils Carbó.
Sáenz es directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información (CERTAL),
una ONG que cobró notoriedad por pagar en 2012 el viaje de jueces y fiscales
para participar de un seminario contra la Ley de Medios con todos los gastos
incluidos en la ciudad de Miami.
Producto de aquel viaje, el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Julio Alak, pidió la recusación del juez Francisco Horacio de las
Carreras, que participó del tour y debía intervenir en el contencioso por la
constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La Coordinadora General de dicha ONG es Ana Recondo, la hija
del juez Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados y otro de los
promotores de la marcha del silencio convocada para el 18 de febrero.
Sáenz es uno de los fiscales más mediáticos desde la muerte
de Nisman, y en los pasillos de Tribunales se sospecha que sería el responsable
de las filtraciones de información de la fiscalía que conduce Fein al Grupo
Clarín.
El fiscal no oculta su oposición al gobierno nacional, como
tampoco esconde su mirada sobre el pasado trágico de la Argentina. Son públicas
sus consideraciones en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las
leyes de obediencia debida y punto final y además fue defensor del represor ex
jefe del Ejército Cristino Nicolaides en una causa por privaciones de la
libertad y desaparición de seis militantes de Montoneros que participaban de la
"contraofensiva" en lo que se conoció como la operación
"Murciélago".
RAÚL PLEÉ
Raúl Pleé es fiscal ante la Cámara Federal de Casación
Penal. En 2013 fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado
la acusación contra los acusados del encubrimiento por la voladura de la sede
de la AMIA.
Memoria Activa incluso advirtió que tanto Pleé como Germán
Moldes se resistían a mandar a juicio a "sus ex compañeros de
trabajo", en referencia al juez Juan José Galeano y otros funcionarios
judiciales involucrados. En la misma línea, el CELS consignaba que "sin
explicación, el fiscal de Casación, Raúl Pleé dejó de impulsar la causa y la
Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia".
Las diferencias con Alejandra Gils Carbó parecen tener
sustento en el hecho de que la procuradora lo relevó de la Unidad Fiscal para
la Investigación de Lavado de Dinero y creó entonces la Procelac, conducida por
Carlos Gonella que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos,
secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Pleé en años.
El fiscal tiene también buenas relaciones con los medios
hegemónicos. Cuando la presidenta Cristina Fernández relevó a Juan Félix
Marteau como representante argentino ante el grupo contra el lavado de dinero
(GAFI), este especialista pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora
en las varias causa que se le abrieron por ese motivo. En su estudio trabaja
María Celeste Pleé, la hija del ex fiscal antilavado.
Antes que eso, fue el propio Carlos Menem quien le solicitó
al entonces procurador general Ángel Agüero Iturbe que designara al fiscal ante
la Cámara de Casación Raúl Plee para coordinar las investigaciones en todo el
país vinculadas a la causa de la aduana paralela, que luego quedaría en la
nada.
Domingo Cavallo le puso la lupa en el contexto de la pelea
que lo enfrentó con el empresario Alfredo Yabrán. El ex ministro de Economía lo
marcó a fuego al sostener que tanto Marquevich como el fiscal Pleé se
encontraban relacionados con el empresario postal.
Otro de los episodios trágicos de la Argentina que lo tuvo
como protagonista fue el ataque al cuartel de La Tabalada por los militantes
del Movimiento Todos por la Patria. En el momento del inicio de la instrucción
de la causa el fiscal federal de Morón era Santiago Blanco Bermúdez, pero en
esa fecha estaba de licencia. Llegaron entonces al cuartel Pleé y el defensor
oficial del juzgado federal de San Isidro Pablo Quiroga.
Según las crónicas de la época, Pleé y Quiroga formaron un
equipo que no le daba espacio para actuar a Blanco Bermúdez, ya que no querían
que se integrara a las reuniones que mantenían con los agentes de inteligencia
tanto del Ejército como de la SIDE.
El abogado Rodolfo Yanzón, defensor de las víctimas de La
Tabalada, mantuvo en el año 2000 un diálogo revelador con el entonces
procurador Carlos Becerra. Yanzón le planteó al entonces jefe de los fiscales
las irregularidades de la causa y Becerra lo cortó en seco: "Mire Yanzón,
hay tres fiscales que trabajan directamente para el Ejército, dos de ellos son
Pleé y Quiroga".
Hoy en día Pleé es fiscal de la Cámara de Casación Penal y
titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delito de Lavado de Dinero
y Financiamiento del Terrorismo, mientras que Quiroga es Fiscal Federal de la
Cámara de Apelaciones de San Martín.
GUILLERMO MARIJUAN
El fiscal federal Guillermo Marijuan tiene motivos para
estar enfrentado con el gobierno nacional. Alejandra Gils Carbó lo removió de
la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises). La procuradora
lo acusaba de nombrar "a cualquiera" y hacer concursos de ingresos
"no transparentes". Apenas unos días después de eso, Marijuan imputó
a su jefa de los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de
funcionario público" y "abuso de autoridad" por su actitud ante
el pedido para que removiera al titular de la Procelac, Carlos Gonella.
La labor de Marijuan en el Ministerio Público también
aparece marcada por la investigación del atentado a la AMIA, particularmente en
la causa que investiga el robo del video de la caja fuerte del ex juez Juan
José Galeano.
Marijuan construyó un estrecho vínculo con el líder del
Frente Renovador, Sergio Massa, cuando se desempeñaba al frente de la Anses y
el fiscal estaba a cargo de la Ufises, la Unidad Fiscal especializada en
delitos contra la Seguridad Social.
En el Frente Renovador reconocen que hoy Marijuan es el
candidato que tiene en mente Massa para ocupar el cargo de procurador general
de la Nación en el caso de que llegue a la Casa Rosada en las elecciones de
octubre.
Cuando Massa estaba al frente de la Anses sufrió un duro
revés. Un escrito interno de ese organismo denunció el robo de los datos de 12
millones de jubilados y trabajadores. Según la misiva estaba implicado un
gerente de la Anses y un empresario cordobés. Rápido de reflejos, Massa se
adelantó al escándalo para evitar la filtración a la prensa y presentó una
denuncia precisamente ante Marijuán. "Hizo lo mínimo que se debe para que
no digan que no hizo lo que correspondía", dijo entonces una fuente de la
Anses al diario La Nación.
La causa no cobró impulso ni por el accionar del fiscal
Marijuan ni por el de Massa, sino gracias a una exhaustiva investigación del
juez Julián Ercolini. El periodista Horacio Verbitsky lo señala como el hombre
más cercano al jefe del Frente Renovador en Comodoro Py.
El fiscal tiene un desempeño asombroso en la causa que
investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas
el Grupo Clarín, sus principales directivos y compañías satélite– a través de
la banca de inversión JP Morgan a partir de la denuncia del arrepentido Hernán
Arbizu.
En más de cinco años, Marijuan presentó apenas dos escritos
y la causa aún está en su etapa primaria de instrucción pese a que se trata de
una evasión multimillonaria a partir de la presunta fuga de divisas.
A fines de la semana pasada su situación se complicó a
partir de una presentación judicial que aportó pruebas sobre una presunta
"autoamenaza de muerte" que se habría producido en el marco de su
disputa con el gobierno nacional.
CARLOS STORNELLI
Carlos Stornelli alterna sus funciones de fiscal federal con
sus tareas como jefe de Seguridad de Boca Juniors, puesto en el que fue
nombrado por Daniel Angelici que no oculta sus estrechos vínculos con el jefe
de Gobierno porteño, Mauricio Macri. El alcalde es uno de los más fervorosos
convocantes a la movilización del 18F. De hecho, la marcha podría transformarse
en el debut de Macri en una movilización masiva, ya que su participación
política aparece limitada a actos en lugares cerrados y salpicados de globos de
colores.
Stornelli es hijo del teniente coronel Atilio José Stornelli
y yerno del general Llamil Reston, ex ministro del Interior y de Trabajo de la
dictadura y procesado por delitos de lesa humanidad.
Son públicos los contactos de Stornelli con algunos sectores
de la barra de Boca Juniors, pero además aparece vinculado por una
investigación del periodista Horacio Verbitsky con un dispositivo armado por
Massa durante su paso por la Anses del que participarían también Bonadio y otro
funcionario del PRO, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo
Montenegro.
Antes, Stornelli tuvo su paso como ministro de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Su mano
derecha fue, sorprendentemente, Soledad Spinetto, pareja de Rafael Di Zeo, uno
de los históricos jefes de la barra de Boca. Su más resonante decisión fue
deshacer la reforma de la Policía Bonaerense que había diseñado su antecesor
León Arslanian.
Durante su gestión se sucedieron episodios como la
desaparición de Luciano Arruga, caso en el que Stornelli reincorporó a los
policías del destacamento de Lomas del Mirador que estarían vinculados al
hecho; y la búsqueda de la familia Pomar, sobre la que el entonces ministro
ofreció toda clase de explicaciones que quedaron en ridículo cuando se encontró
luego el vehículo accidentado a pocos metros de la ruta por la que circulaba.
El fiscal es además autor de una de las frases más polémicas
desde que el 18 de enero Nisman fue encontrado muerto en su departamento:
"El caso es el primero de estas características y podría no ser el
último”, aseveró.
MARTÍN LÓPEZ PERRANDO
El fiscal federal Martín López Perrando fue subsecretario de
Seguridad de la provincia durante la gestión de Stornelli. La relación se
terminó mal. Stornelli lo despidió luego de que López Perrando organizara una
comida en la casa de un empresario de la que participó también el ex presidente
Carlos Menem y las fotos del evento generaron alto impacto político.
Después de ese episodio, no dudó en sumarse a la gestión del
PRO. De hecho, desembarcó en Vicente López de la mano del primo de Mauricio
Macri, cuando Jorge se transformó en el intendente del distrito. López Perrando
fue nombrado en 2012 Secretario de Seguridad de Vicente López. Incluso, en la
ceremonia de despedida antes de su regreso a la fiscalía, Jorge Macri sostuvo
que "a partir de hoy, Martín pasa a ocupar un rol diferente, de todas
formas va a seguir formando parte de este proyecto, va a estar dándonos una
manos constantemente".
Esa pertenencia al proyecto amarillo no le impide cultivar
otros vínculos políticos. En 2005 compartió junto a Juan José
"Juanjo" Álvarez –hoy cercano al líder renovador Sergio Massa– un
viaje a Nueva York para entrevistarse con el tristemente célebre alcalde
Rudolph Giuliani.
Fue denunciado por enriquecimiento ilícito pero el
expediente no prosperó, al parecer gracias al lobby que habrían impulsado sus
contactos en la justicia y pese a los comentarios habituales en los pasillos de
los tribunales sobre el incremento patrimonial del fiscal.
CARLOS DONOSO CASTEX
El presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios
Nacionales (AFFUN) es Carlos Donoso Castex, titular del juzgado nacional en lo
Criminal de Instrucción número 20 de la Justicia Ordinaria de la Ciudad, el
mismo fuero en el que trabaja la fiscal Fein que investiga la muerte de Alberto
Nisman.
Donoso Castex actuó en la causa por la investigación de la
muerte de Lourdes Di Natale, la ex secretaria de Emir Yoma y testigo clave en
el expediente por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Di Natale había
empezado a recibir amenazas al poco tiempo de denunciar a su antiguo jefe Emir
Yoma.
Donoso Castex dictaminó en dos ocasiones que se trató de un
"accidente" y se opuso a la reapertura de la causa. Pese a ello, la
investigación se reabrió y nuevas pericias permitieron establecer que se habría
tratado de un asesinato.
Esa no fue la única participación polémica en causas
vinculadas al poder político. En 2001 archivó la causa que trataba de
determinar las responsabilidades de la represión policial que terminó con el
gobierno de Fernando de la Rúa. Donoso Castex archivó la causa por las lesiones
a un joven que quedó parapléjico por la represión, pero la denuncia pasó luego
al fuero federal donde se avanzó en la investigación por la salvaje represión.
En el pasado reciente fue uno de los testigos que defendió
con fervor al fiscal de Núñez Saavedra, José María Campagnoli, se inclinó
públicamente en contra del proyecto de democratización del Poder Judicial y
militó entre los miembros de AFFUN para conseguir un pronunciamiento explícito
con el argumento de las críticas a la posibilidad de que los funcionarios de la
justicia paguen el Impuesto a las Ganancias.
Donoso Castex envió a Gils Carbó una carta en la que
afirmaba que "se le hizo saber acerca de la gran preocupación existente en
relación a las intenciones de querer aplicar el Impuesto a las Ganancias, ya
que la Asociación que me toca presidir seguirá defendiendo firmemente el
criterio contrario a tal iniciativa como se ha hecho históricamente con
fundamentos legales, en forma uniforme, desde su creación".
CARLOS RÍVOLO
El fiscal federal Carlos Rívolo cobró notoriedad por el
impulso que le dio al presunto tráfico de influencias y lavado de dinero contra
el vicepresidente Amado Boudou, pero fue apartado de la causa por decisión del
juez Ariel Lijo quien explicó esa decisión en la "manipulación de la
instrucción y filtración de información".
En octubre de 2012, la procuradora general Alejandra Gils
Carbó lo acusó de cobrar indebidamente un plus salarial por lo que se le abrió
un sumario administrativo y el Estado le reclama la devolución de 97.940 pesos.
El ex procurador Esteban Righi había denegado el pedido de Rívolo de cobrar ese
plus salarial, pero el fiscal avanzó de todos modos.
Rívolo llegó en la década de los ’90 a la Fiscalía Número 2
de la mano del juez federal Jorge Ballestero, de quien fue secretario. Quienes
conocen los pasillos de los tribunales recuerdan que el candidato natural para
el cargo era Claudio Navas Rial, un hombre de gran prestigio académico que
finalmente quedó como adjunto de la fiscalía.
La buena relación entre Rívolo y el gobierno de Carlos Menem
se terminó cuando el fiscal pidió el procesamiento preventivo de Monzer Al
Kassar.
El empresario Eduardo Saiegh lo acusa de haber impedido el
avance de la investigación penal sobre el desapoderamiento durante la última
dictadura cívico-militar del Banco Latinoamericano, del que fue fundador y
accionista mayoritario. Saiegh fue secuestrado y torturado para concretar el
desapoderamiento de las acciones.
En 2009, el empresario presentó una denuncia contra el ex
presidente del Banco Central, Alejandro Reynal y el ministro de Economía de la
dictadura José Alfredo Martínez de Hoz por crímenes de lesa humanidad y
antisemitismo, pero asevera que la causa nunca avanzó porque el fiscal no la
impulsó "injustificada e ilegalmente" por lo que le pidieron el
juicio político.
PABLO LANUSSE
Pablo Lanusse fue fiscal entre 1993 y 2003 y es uno de los
más activos impulsores de la convocatoria del próximo miércoles. Pablo es hijo
de Jorge Manuel Lanusse, funcionario judicial primo del dictador Alejandro
Agustín Lanusse.
Su militancia política en las filas de la oposición no es un
secreto. En las elecciones de medio turno de 2011 fue candidato a diputado
nacional por la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Francisco de Narváez y
acompañado por la periodista Fanny Mandelbaum. Sin embargo desistió de su
postulación luego de que el ahora integrante del Frente Renovador de Massa
sellara una alianza con el radicalismo e impulsara la lista encabezada por
Manuel Garrido.
Fue uno de los principales opositores al anteproyecto del
Código Penal y un mes después de su presentación, en abril de 2014 se sumó al
Frente Renovador como asesor en materia de seguridad. El romance duró poco. En
julio dejó el massismo por diferencias "de forma". Desde entonces evalúa
incorporarse a las filas del PRO, para lo que trabaja su amiga la diputada
Patricia Bullrich.
Lanusse es abogado de la familia de Ángeles Rawson y fue
quien recibió de manos del periodista del Grupo Clarín Roberto Canaletti una
grabación en la que una mujer de nombre Beatriz Fuentes aseguraba que Sergio
Berni había sobornado a los vecinos del edificio para que mantuvieran silencio
sobre el caso, algo que luego se comprobó no era cierto. Fuentes, que había
hecho sus declaraciones al diputado de la UCR de Santa Cruz, Eduardo Costa, fue
imputada por falso testimonio.
LUIS CEVASCO
Luis Cevasco es el presidente de la Asociación Argentina de
Fiscales (AAF), entidad que bajo la figura del "amicus curiae"
(amigos del tribunal) se sumó a principios de año al amparo presentado por la
Asociación de Magistrados para intentar frenar el nombramiento de 16 fiscales
generales designados por Gils Carbó.
Cevasco tiene un largo recorrido en el cargo. Ya en 1998,
como fiscal y titular de la Comisión Experimental de Fiscales para Delitos
Complejos presentó un informe en el que se oponía a que el genocida Jorge
Rafael Videla fuera juzgado por el delito de robo de bebés. Cevasco coincidió
en la causa con el argumento de "cosa juzgada" que impulsaba la
fiscal de la causa, Rita Ester Molina.
Las crónicas periodísticas de la fecha dan cuenta de la
sorpresa de voceros consultados por el diario Clarín, "al comprobar que el
dictamen de la fiscal Molina tiene apenas tres carillas y párrafos calcados de
la presentación que hicieron los abogados de Videla".
En 1995, Emilio Jaján, enemigo declarado de la accionista
mayoritaria del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue condenado en un
juicio que le había iniciado la empresaria acusándolo de adulterar evidencias
para sustentar la querella que le había impuesto por el cobro de importantes
honorarios.
Cuando el tribunal ya había condenado a Jaján, ingresó la
esposa del reo, Ana Elisa Feldman, quien pidió denunciar un delito. En la sala
de acuerdos y en presencia de los miembros del tribunal y del fiscal Luis
Cevasco, Feldman entregó dos fotocopias de actas de partidas de nacimiento
"presentadas por doña Ernestina Laura Herrera de Noble de los niños
adoptados respectivamente con los nombres de Marcela y Felipe Noble Herrera, en
las cuales no figura ni nombre de padre no nombre de madre." La
denunciante recuerda que Cevasco buscaba incomodarla, la interrumpía todo el
tiempo e intentaba que se contradijera.
El fiscal aparece también vinculado al PRO, a tal punto que
fue quien denunció a los metrodelegados por el conflicto desatado en 2012 en
torno al reclamo por las paritarias luego de la transferencia del subterráneo
porteño a la esfera de la Ciudad, tal como reclamaba el propio Macri.
Cevasco testa conectado con la asociación civil Unidos por
la Justicia, que según reveló Página 12 recibió cuantiosos subsidios del
gobierno de la Ciudad en los últimos años, integrada por fiscales y jueces que
tuvieron un ascenso fulgurante en la justicia porteña.
También en sintonía con la voluntad del PRO, el año pasado
vinculó al kirchnerismo con "una asociación ilícita" durante la toma
de terrenos de Villa Lugano.
JOSÉ MARÁ CAMPAGNOLI
José María Campagnoli es el fiscal que tiene el mayor número
de denuncias en su contra, 20 en total, la mayoría impulsada por jueces, otros
fiscales y abogados. Ese récord negativo incluye desde acusaciones por abuso de
autoridad, espionaje ilegal, intimidaciones, violación de los deberes de
funcionario público, falsificación de patente, hostigamiento y discriminación.
A Campagnoli se lo acusó de recibir dictámenes redactados
por los abogados del Grupo Clarín. La Justicia Federal tramita una causa penal
contra el fiscal y uno de los abogados del estudio Sáenz Valiente (que asesora
a Clarín) con el objetivo de determinar si parte de la investigación que surgió
de su fiscalía en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez tuvo como
origen al propio Grupo Clarín. Como evidencia de esta supuesta maniobra se
aportó una prueba documental que implica una situación irregular: el borrador
del dictamen que Campagnoli emitió en la causa por supuesta extorsión en
perjuicio del financista Federico Elaskar estaba en poder de uno de los
abogados del multimedios que lo presentó, incompleto, como prueba oficial en el
marco de un juicio civil.
Su fiscalía decía acumular 3900 causas pero tras la
suspensión por parte del Consejo de la Magistratura, se demostró que de todas
ellas sólo 380 eran reales. Los empleados de su fiscalía responden a
características muy precisas: son varones, nacionalistas, ultracatólicos,
preferentemente rugbiers y militantes del PRO.
Uno de los expedientes más frondosos es el que se instruyó
por su actuación en el Barrio Mitre donde enviaba a su equipo a tomar
fotografías de manera ilegal con una cámara oculta, procedimiento que también
utilizaba con los propios funcionarios de la fiscalía. Pese a ello, en junio
del año pasado fue nombrado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña a
instancias del bloque del PRO.
Notas:
[1] Mahdi Darius Nazemroaya, «Eagles of Empire and economic
terrorism: Are vulture funds instruments of US policy?» RT, 24 de Octubre,
2014.
[2] Almudena Calatrava, «Supporters doubt Argentine
prosecutor killed self», Associated Press, Janaury 20, 2015; Jonathan Watts,
«Argentinian government moves to dissolve domestic intelligence agency»,
Guardian, 27 de enero, 2015.
[3-4] Isabel Kershner, «Journalist Who Reported on Argentine
Prosecutor’s Death Flees to Israel», New York Times, 26 de enero, 2015.
[5] Damian Pachter, «Why I fled Argentina after breaking the
story of Alberto Nisman’s death», Haaretz, 25 de enero, 2015.
[6] «Ex Interpol head Roland Noble: What prosecutor Nisman
says is false», Buenos Aires Herald, 18 de enero, 2015.
[7-10] Jonathan Watts, «Argentinian governments moves», op.
cit.
[11-12] «CFK announces plan to dissolve SI intelligence
service», Buenos Aires Herald, 26 de enero, 2015.
[13] Los vínculos políticos de los fiscales que convocan al
18F, Tiempo Argentino, 15 de febrero,2015
Entradas
