Lo que sigue es un artículo aparecido en rebelión:
A finales del siglo XVIII, en 1776, se publicó la obra de
referencia de Adam Smith, An Inquiry into theNature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como “La
Riqueza de las Naciones”. En los albores del Capitalismo que conocemos, en su
famoso y poco leído tratado, para salvar la cuestión social dentro del libre
mercado, Smith afirmaba que el interés individual repercutía en último término
en el interés social. Asumía así que el interés individual era inocente, es
decir, que el preocuparse de uno mismo no lleva consigo hacer daño a los demás;
al contrario, pues se puede tener interés en vender algo porque se obtiene
beneficio de ello pero también porque interesa que alguien se beneficie, pues
de este modo ganan ambas partes y la relación continúa. Aceptando esta máxima,
puede decirse que algunos se hacen empresarios para ganar dinero y al mismo
tiempo ofrecer a la sociedad productos y servicios que necesita, siendo mínimo
el papel del estado. Paradójicamente, en la instauración del Contrato Social,
¡la mano invisible del mercado era en sí benevolente!
Sin embargo, casi dos siglos y medio de Capitalismo rampante
después, en un mundo globalizado que se va configurando a modo de gigantesco
tablero de juego geoestratégico a medida que, como civilización, nos vamos
acercando cada vez más y más rápidamente a sus ya próximos límites físicos
inquebrantables, la realidad que hemos venido construyendo desmiente
tajantemente tales ideas del egoísmo benevolente y cuestiona profundamente el
Contrato Social de Rousseau, y una de las mejores muestras de ello es el actual
Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés)
que se negocia en este mismo momento entre bastidores y de espaldas a la
ciudadanía y a cualquier medio de supervisión y control democráticos.
El TTIP, también conocido como Acuerdo Trasatlántico de
Libre Comercio (TAFTA, por sus siglas en inglés), tiene su origen en la oscura
tradición de los acuerdos multilaterales para la progresiva liberalización del
comercio mundial que promueve la OrganizaciónMundial del Comercio(OMC) a partir de su constitución formal a mediados
de los 80 del siglo pasado, y, como su nombre apunta, representa la culminación
de la liberalización del comercio y la inversión a ambos lados del Atlántico,
la “carta blanca” a las corporacionestransnacionales que cada vez más gobiernan el mundo sin ambages.
El inicio de las negociaciones del TTIP data de Febrero de
2013, cuando Obama y los líderes de la UE se comprometieron en ellas como
estrategia de defensa en un intento de recuperar la hegemonía Occidental
seriamente amenazada y desplazada ante el avance de las economías emergentes de
los BRICS (Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica), y las élites políticas y
corporativas tienen la intención de culminarlas a finales de 2014.
Más allá de la eliminación de los aranceles y la apertura
recíproca de los mercados a los inversores de cada parte del Atlántico, las
negociaciones del TTIP se están centrando en eliminar lo que en realidad se
interpone más profundamente en el camino hacia los beneficios corporativos, las
mismas regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, y al
medioambiente. Con tal objetivo, la UE y EEUU quieren “armonizar” sus
estándares y normas, “armonización” que solo puede ser a la baja dado el
objetivo de profundizar en la liberalización del comercio y la inversión, lo
que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y
medioambientales a favor de los intereses de las corporaciones para que puedan
mover libremente su capital, bienes y trabajo. Además, el acuerdo también busca
crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la
adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones
transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en
sectores clave como la sanidad y la educación. En tal sentido, por ejemplo,
funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las tres
prioridades del TTIP es “completar el mercado único” dentro de la UE, en
concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a
empresas privadas de otros Estados miembros.
Los principales temas objeto de las negociaciones, siempre
cabildeadas por los lobbies de las corporaciones
transnacionales y desarrolladas bajo su próximo y atento escrutinio,
prácticamente supervisión, son los siguientes:
· Derechos laborales y política social. En
esta materia la “armonización” reglamentaria pasa por la erosión y degradación
de la regulación europea, más garante y protectora de los derechos laborales y
sociales, hasta equipararla con la norteamericana, más laxa y liberal. Se trata
de dividir y desproteger a los trabajadores, y eliminar el derecho de huelga,
en ambos lados del charco. De esta forma, las multinacionales americanas
dispondrían de la pasarela perfecta para instalarse cómodamente a este lado,
mientras que las corporaciones europeas verían promovidas completamente sus
demandas hasta ahora solo “tímidamente” atendidas. Ante la oleada de desempleo
que vendría de una mayor concentración empresarial y de las reestructuraciones
industriales debidas al incremento de la rivalidad competitiva consecuencia de
la presión de las grandes corporaciones, el capital gana, aún más, a costa de
la vida de las clases trabajadoras.
· Protección medioambiental. Además
de que el incremento de la producción, el comercio y el consumo aumentarán el
agotamiento de los recursos naturales y la polución, para conseguir un
significativo aumento del comercio es necesario también eliminar algunas normas
y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” de estándares, lo que
debilitaría ampliamente el Principio de Precaución europeo, piedra angular de
la política europea medioambiental, con graves consecuencias sobre la salud y
la seguridad de las personas y el medioambiente, entre ellas las derivadas de
la libre práctica en Europa de extracción de hidrocarburos mediante fractura
hidráulica (Fracking)
por parte de las corporaciones norteamericanas y sus filiales y asociadas
europeas.
· Agricultura y consumo. La
“armonización” normativa en este capítulo generará la entrada en la UE de los
alimentos modificados genéticamente (OGM), la carne de ternera y el cerdo
tratados hormonalmente con químicos nocivos para la salud humana e incluso
cancerígenos, como la Somatotropina Bovina Recombinante o el Clorhidrato de
Ractopamina, o el pollo esterilizado con cloro. Además, como en EEUU la granja
media es 13 veces más grande que sus homólogas europeas y la concentración en
grandes corporaciones ha sido progresiva (en la actualidad sólo hay 2 millones
de granjas americanas frente a los 13 millones de granjas europeas), la
reducción o eliminación de los aranceles llevará a los agricultores europeos a
una competencia injusta y desequilibrada por parte de las grandes corporaciones
agroindustriales americanas.
· Sanidad y salud. La armonización a
la baja, la competencia transatlántica entre corporaciones y el refuerzo de las
leyes sobre patentes incrementarán los precios de las medicinas y los servicios
de salud, haciéndolos menos asequibles al público. Además, nos encontraremos en
Europa con unos 30.000 productos químicos que se comercializan libremente en
EEUU y que están asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular,
infertilidad masculina, diabetes y obesidad. Las negociaciones también
evidencian la intención de abrir la contratación pública de servicios de salud
a la inversión privada y a la competencia extranjera, convirtiéndose en norma
el acceso de las corporaciones a todo el mercado sanitario. En resumen, se
impondría envenenar a los ciudadanos y denegar el acceso asequible a servicios
de salud y medicinas.
· Sistema financiero. A través del
acuerdo, la UE, presa del lobby de la gran Banca, está
proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos
los servicios financieros, a pesar de que sabemos fehacientemente que la
desregulación y la competencia libre en el sector financiero están precisamente
en el origen de las crisis financiera cíclicas que nos azotan desde la década
de los 70 del siglo pasado. Con el apoyo de la UE y el Reino Unido, de la Cyti
londinense más bien, el sector de servicios financieros está demandando la
eliminación de toda regulación que pueda interponerse en el camino de sus
potenciales beneficios y la total libertad de mercado, lo que dejaría a los
ciudadanos y los estados sin protección alguna frente a costosos recates
económicos futuros.
· Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). Los
gigantes de Hollywood y Silicón Valley, entre otros, argumentan que el refuerzo
de los DPI protegería a las compañías de la piratería y estimularía la
innovación y el progreso, trayendo como resultado crecimiento económico y
bienestar. Sin embargo, hay razones para pensar que un mayor poder de las
corporaciones podría resucitar el espíritu del ACTA(Acuerdo Comercial de Anti ‐ Falsificación), que se intentó
aprobar sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en 2012. Los
resultados podrían ser, precisamente, la restricción de acceso al conocimiento,
el debilitamiento de la innovación, y un mayor acceso de las corporaciones a la
información personal ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad);
con el resultado de un impacto negativo importante sobre la libertad de
expresión como consecuencia del debilitamiento general de la libertad digital.
· Mecanismo de Resolución de Disputas entre
Inversores y Estados (ISDS). Mediante la imposición de este
mecanismo, las corporaciones persiguen garantizarse más derechos que los de las
personas físicas, con una cláusula de resolución de conflictos entre inversores
y gobiernos que permita a las corporaciones llevar a éstos ante tribunales
internacionales de derecho mercantil totalmente arbitrarios, pues su miembros
son elegidos bajo la influencia de las mismas corporaciones y su funcionamiento
es absolutamente opaco, en caso de que sus políticas obstaculicen los intereses
corporativos. Aun cuando Naciones Unidas y el mismo FMI han advertido de que
estos ISDS pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar
contra la crisis financiera y económica, se trata de que las grandes
transnacionales demanden a su criterio a los gobiernos y los contribuyentes
paguemos la factura.
El TTIP, que se vende propagandísticamente como un medio
para mejorar el crecimiento económico, con “espectaculares” aumentos del PIB de
hasta el 1% y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, es en
realidad un magnífico pufo, un engaño y un amaño, pues hasta el estudio llevado
a cabo por la propia Comisión Europea desmiente tales cifras y las deja en un
famélico e irrisorio crecimiento del PIB del 0’01% anual en los próximos 10
años.
Sin embargo, parece que la fe en la liberalización comercial
es tan exagerada como los beneficios que pudiera reportar. Lo que emerge de
todo esto es que el TTIP es en realidad un proyecto político transatlántico
promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de
aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las
protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de
los ciudadanos frente a las corporaciones, y tratará de consolidar el liderazgo
geopolítico de EEUU y la UE en esta perniciosa globalización.
Además de conocer la dimensión del TTIP como proyecto
político, es necesario reconocer sus importantes implicaciones a nivel
doméstico. Tal como se está cociendo, el TTIP dejará a las corporaciones libres
de cualquier restricción y atadura, constituidas éstas por los aranceles y la
regulación en materia social y medioambiental, al tiempo que les permitirá
demandar ante tribunales opacos y arbitrarios a cualquier gobierno que pudiera
interferir con sus futuros beneficios, lo que debilitará adicionalmente las
regulaciones socio ‐ económicas y medioambientales que salvaguardan el
bienestar de las personas y el medioambiente ante las acciones corporativas.
La evidencia disponible sugiere que el TTIP debe ser
entendido no sólo como un proyecto económico, sino también como un proyecto
político, ideológico y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo
estriba en revertir los logros conseguidos en materia social y ambiental en
Occidente. De prosperar sin oposición, la consecuencia de este proyecto será la
utopía de las corporaciones multinacionales, por supuesto, y la distopía de los
ciudadanos y las clases trabajadoras, sin duda; justo en la antítesis de lasmedidas que necesitaríamos si el objetivo es construir alguna
suerte de futuro inclusivo, democrático y consecuente con la situación
geoecológica que hemos generado.
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