Greenpeace denuncia
que el primer ministro, Shinzo Abe, se preocupa más por la política que la
salud pública.
El gobierno japonés está realizando movimientos para acelerar el retorno de los
refugiados de Fukushima a sus hogares, la organización de defensa del medio
ambiente Greenpeace advirtió el martes que la contaminación radiactiva sigue
siendo "tan extendida y en tal alto nivel "que será imposible que la
gente que vaya estará a salvo".
Cuatro años después de un terremoto y el posterior tsunami que
dejó fuera de juego a la planta de fusión nuclear de
Fukushima Daiichi, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, está presionando
para levantar las órdenes de evacuación para marzo de 2017 y cortar la indemnización
a las víctimas del desastre en 2018. La medida permitiría -y algunos hablan de
forzar - a decenas de miles de refugiados a regresar a sus hogares. El
primer ministro pro-nuclear dice que
la medida, propuesta en junio, tiene como objetivo acelerar la
"reconstrucción de Fukushima”. Greenpeace, sin embargo, advierte que
esta medida sería imprudente y peligrosa. La organización evaluó la
contaminación por radiación en Iitate, una zona de 75 millas cuadradas en la
prefectura de Fukushima, y encontró que incluso después de la
"descontaminación", el nivel de radiación se mantiene en 2uSv / h, o
diez veces el máximo considerado seguro para el público.
"Al primer ministro Abe le gustaría que la gente de
Japón creyeran que con la descontaminación estas vastas áreas de Fukushima están
niveles suficientemente seguros para que las personas puedan vivir," dijo
Jan Vande Putte, especialista en radiación de Greenpeace Bélgica, en un comunicadode prensa. "La realidad es que esta es una política
condenada al fracaso. Los bosques de Iitate poseen una gran radiactividad manteniendo
tanto un peligro directo así como fuente potencial de recontaminación durante
cientos de años. Es imposible descontaminar".
Según Greenpeace, la eliminación de la compensación
obligaría forzarían las personas a volver a un ambiente que es peligroso para
su salud. "Negándoles a las víctimas nucleares su remuneración ya
inadecuada, puede obligarlos a tener que
regresar a las zonas inseguras, altamente radiactivas por razones financieras,
se puede hablar de coerción económica", dijo Putte. "Que
quede claro: se trata de una decisión política del Gobierno de Abe, no una
basada en la ciencia, en los datos o la salud pública".
Mientras tanto, los refugiados nucleares de Iitate están
luchando por una compensación adecuada a través de un proceso de resolución
alternativa de conflictos. Su abogado, Yasushi Tadano, dijo: ".. El
destino del Pueblo de Iitate es otro caso como el de los numerosos casos en el
pasado donde Japón abandonó a su pueblo, al igual que con la contaminación
minera en Ashio y la enfermedad de Minamata. No podemos permitir que esto
suceda de nuevo”.
A pesar de la oposición pública, Abe está persiguiendo
agresivamente un retorno a la energía nuclear. A principios de este mes,
el Partido Liberal Democrático de Abe reveló que aspira a tener el 20 por
ciento de la electricidad del país suministrada por la energía nuclear para el
año 2030.
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