Lo que queda claro es que mientras el recaudador de impuestos tiene cada vez mas hambre, no va a perseguir a los grandes multinacionales, sino al pequeño trabajador o hombre (o mujer) de negocios — gente como tu y yo.
No es ningún secreto que el gobierno español en estos días está desesperado por obtener dinero rápido y de donde sea. Como el adicto que experimenta los primeros espasmos del síndrome de abstinencia, el gobierno de Rajoy ha estado inspeccionando frenéticamente su entorno en búsqueda de cualquier cosa de valor que pueda robar o tomar en prenda.
En 2012 renegó de casi todas sus promesas electorales al desatar el régimen de austeridad más severo en la historia democrática del país. Hizo recortes en el presupuesto por 27 mil millones de euros y aumentó los precios públicos de gas y luz. Los impuestos subieron de súbito en todos los artículos y, como en Grecia, los hospitales se privatizaron y otros servicios públicos fueron llevados rápidamente a los bolsillos de las corporaciones multinacionales; pero todo fue en vano.
A pesar de su política de austeridad, el Gobierno fracasó estrepitosamente en su intento de cumplir la meta presupuestaria del 5.3 por ciento de la Troika para el año 2012, y para mayo de 2013 ya había renunciado a cumplir con el objetivo del 2013. Con el tiempo agotándose rápidamente y los matones de la Troika acorralándole y sin darle respiro, el gobierno comenzó desesperadamente a buscar nuevos y más imaginativos modos para recaudar fondos.
Y así en enero de 2013 parecía haber encontrado la respuesta perfecta; a saber, apuntarle a los fondos de los residentes expatriados y a los de nacionales que viven fuera de su país. El gobierno subrepticiamente, anunció una nueva ley que obliga a cualquier residente en España que tuviera más de 50.000 euros en ahorros, o en valores activos o bienes inmuebles en el extranjero, a declararlo todo, y con total exactitud.
Mientras el gobierno insistió en que la nueva ley era meramente un ejercicio de recopilación de datos, la falta de declaración o cualquier error en la información proporcionada se traduciría en una multa de 10.000 euros, o más. Y todo aquel que declarase sus bienes después de la fecha límite – el 30 de Abril – tendría que pagar una multa mínima de 1.500 euros.
Con la perspectiva de una nueva y extremadamente desesperada implementación de impuestos en la escena, miles de expatriados estuvieron [bastante, comprensiblemente] considerando irse de España. Así como por la otra parte, gran parte de los españoles residentes en otros países no supieron de la nueva normativa.
La recaudación de impuestos se hace global
Vamos al grano del tema en cuestión y es que a la libertad económica le quedan tres días . El caso español es un testimonio de una cooperación cada vez más estrecha que está teniendo lugar entre las autoridades fiscales nacionales. Desde hace años, el gobierno de EE.UU. ha exigido que todos los nacionales viviendo en el extranjero declaren sus ingresos anuales. Y a partir de 2014 todos los bancos del Reino Unido informarán directamente al IRS (departamento de tesorería de EE.UU.), y viceversa.
Tal vez lo más inquietante de todo, los primeros cuatro elementos sobre la declaración de la reunión del G-8 en Londres señalaban la necesidad de que los gobiernos compartan información en la “lucha contra el flagelo de la evasión fiscal”.
Seamos sinceros, esto estaría muy bien y sería bueno si sus objetivos principales no fueran los pequeños hombres de la calle, sino más bien las corporaciones multinacionales, los bancos y los fondos de cobertura que durante años han estado pagando una fracción miserable de los miles de millones de euros de impuestos que les deben a los países en los que operan. Dirán que soy un cínico, pero me resulta un tanto difícil creer que los mismos dirigentes políticos que casual y encubiertamente se reúnen con los consejeros ejecutivos y presidentes de las corporaciones más grandes del mundo en foros como la reunión anual de Bilderberg estén a punto de lanzar sus corporativos asociados al agua.
Como Nicholas Shaxson escribe en su libro Las Islas del tesoro: “El sistema de alta mar es el apuntalamiento secreto del poder político y financiero de Wall Street hoy. Es el refugio fortificado de las grandes finanzas “.
Hay, según sus cálculos, cerca de entre 10 y 20 billones de dólares están operando en alta mar en paraísos fiscales y la mitad del comercio mundial, de una u otra manera se procesa a través de ellos. Y no se trata sólo de pagar menos impuestos. Los paraísos fiscales también les ofrecen a sus clientes secrecía y escape tanto de las regulaciones financieras como de las leyes penales. Supongo que al decir paraíso fiscal, todo el mundo esté pesando en, por poner un ejemplo, Suiza… pero el mayor paraíso fiscal se encuentra en la City de Londres.
Irónicamente, el país anfitrión de la reunión del G-8, el Reino Unido, y más concretamente su capital financiera, la City de Londres — que, vale la pena mencionarlo otra vez, es una entidad soberana totalmente independiente — es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Al ofrecerles a los bancos de todo el mundo la oportunidad de eludir las leyes democráticas de los países en los que operan, Londres ha sido un cómplice esencial en el surgimiento del paradigma del “demasiado grande para caer” (too big to fail), por no hablar de los miles de crímenes financieros que han sido cometidos en su nombre.
La Agenda real
En los próximos meses y años, los gobiernos tratarán de propagar la idea de que han corregido súbitamente el rumbo. Y como si cantaran al unísono, nos dirán que ahora entienden la importancia de hacer frente a la “plaga” de la evasión fiscal y la economía ilegal.
Muchos contribuyentes, sin duda, se tragarán toda la propaganda tal cual, y estarán felices de permitirles a sus gobiernos compartir toda su información financiera personal con otros países y organismos regionales e internacionales, como la UE, el FMI, el Banco Mundial y –el ogro de los ogros- el banco central de los bancos centrales,the Bank of International Settlements. (BIP/BIS , Banco de Pagos Internacionales, con sede qué casualidad en Basilea, Suiza).
Pero justamente como nos han demostrado las revelaciones de Edward Snowden, las escuchas telefónicas y el espionaje en Internet que hizo la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) se trata mucho más que del control social y político que de una lucha contra el terrorismo, el hecho de que nuestros gobiernos compartan nuestros datos financieros privados estará orientado a consolidar el control financiero de nuestras vidas.
En EE.UU. la Vigilancia Judicial anunció el año pasado que había obtenido los registros de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y revelaron que la NSA había gastado millones de dólares para obtener sin autorización la colección y el análisis de las operaciones financieras de los estadounidenses. Los documentos también revelaron que los contratistas del CFPB pudieron ser obligados a compartir la información con “otras entidades gubernamentales”.
Al crear una referencia cruzada mundial de todo lo que se mueve en el mundo financiero, los gobiernos serán capaces de rastrear cada centavo que ganamos, gastamos o ahorramos. No es ninguna coincidencia que los mismísimos gobiernos hayan estado implementando medidas cada vez más draconianas para limitar el uso de efectivo en la economía, mientras que al mismo tiempo promueven el uso de alternativas digitales, como el dinero móvil, que puede ser mucho más fácil de rastrear e investigar.
La guerra contra la privacidad se está librando en una amplia gama de frentes, entre los que destaca el frente financiero. Y lo que queda de la libertad económica, ya sea como asalariados, ahorradores o gastadores, pende de un hilo, en tanto el férreo control de los gobiernos se estrecha. Pues, si la información es poder, entonces el conocimiento total de la información del tipo que nuestros gobiernos buscan, representa potencialmente el peldaño final del poder absoluto.
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