Cada vez que un gobierno anuncia
una medida para reducir el gasto público lanza una cifra: vamos a ahorrar
tantos millones. En la mayoría de casos, por desgracia, esos números no son más
que suposiciones sin fundamento. El Ejecutivo de Mariano Rajoy no es una
excepción. El pasado 21 de junio, Soraya Sáenz de Santamaría presentó en
Consejo de Ministros el informe CORA (Comisión para la Reforma
de las Administraciones Públicas), la base que debe guiar los cambios de
estructura que se produzcan durante toda la legislatura. De hecho, ese mismo
día el Gobierno aprobó un Real Decreto para crear una oficina encargada de
ejecutar la tan anunciada reforma de la administración, que “eliminará
duplicidades” y “adelgazará estructuras”, prometió. Y, claro, anunció el ahorro que supondrá, según sus cálculos: 37.700
millones de euros hasta 2015.
Y, ¿de dónde salen esas
previsiones? De un informe de más de 2.000 páginas elaborado
durante más de siete meses por la comisión de reforma, formada por miembros de
la administración, expertos y representantes de otros organismos como el
Defensor del Pueblo. Eso sí, más allá de los altos cargos y de algún
participante que se animó a hacer pública su participación, el resto de
nombres no han salido a la luz. Más aún: ese informe tampoco se ha hecho
público.
El mismo viernes que se daban
previsiones de ahorro como futuribles carne de titular, el periodista Antonio Delgado pidió a
través de Tu Derecho a Saber al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas el informe CORA completo del que tanto se estaba hablando.
Cuatro días después, le respondieron remitiéndole al documento publicado en la
web: un resumen ejecutivo de 253, lejos de las 2.000 del texto completo.
Antonio insistió, esta vez a través del formulario del servicio de atención
ciudadana, pero no tuvo mejor suerte. Desde allí le contestaron, simplemente, que ese documento no era público,
para poco después añadir que la decisión de mantenerlo oculto provenía
del Ministerio de Presidencia.
La medida estrella de la
administración Rajoy tiene una comisión para trabajar en el informe que la
avala y la dirige y hasta una oficina que la ejecute. Eso sí, el
informe completo no está a disposición de los ciudadanos.
LAS CUENTAS DEL CONGRESO, AL DETALLE
La información pública debería
ser accesible para todos, no para unos pocos. A menudo, esos datos que se
niegan a los ciudadanos acaban en manos de la prensa, en un claro ejemplo de
cómo las administraciones no tratan a todos los ciudadanos por igual. Elanteproyecto
de presupuesto del Congreso de los Diputados para 2013 (que también
incluye la ejecución del gasto de 2011 y las cuentas de 2012) es un caso
paradigmático de esta mala praxis. En noviembre de 2012, David Cabo (director
de la Fundación Civio) reclamó a la institución esas cuentas a través de Tu Derecho a Saber.
Después de insistir en repetidas ocasiones, le han negado la información.
En paralelo, el desglose de gasto
de la cámara sólo se ha hecho público a través de dos filtraciones a la
prensa: la primera, en octubre de 2012, en eldiario.es, que desveló el
coste de viajes, multas para coches oficiales y taxis, entre otras partidas.
Para acompañar la información, el periódico digital publicó cuatro páginas de las 87 que contiene el
documento oficial.
La segunda filtración llegó esta
misma semana. La redacción de ‘El Objetivo’ de Ana Pastor (La
Sexta), en el que Civio colabora, consiguió el documento completo. En el programa, que se emitió el pasado domingo, David Cabo
quiso plasmar la opacidad de la cámara española comparándola con otros
parlamentos como el brasileño. Y recalcó la necesidad de que esta información
sea pública y accesible -en la página web del Congreso- para todos los
ciudadanos.
Mientras seguimos esperando esa
respuesta oficial que no llega y aunque hubiéramos preferido que fuera el
Congreso quien lo hiciera en su página web, publicamos las cuentas desglosadas
del Congreso de los Diputados. Porque es información que debería ser
pública. Porque tenemos derecho a saber cómo se gasta nuestro dinero.
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