¿Por qué se ocultan los ayuntamientos que se pueden acoger al plan de pago a proveedores?

Hacienda publica una resolución para que la lista de ayuntamientos sea secreta.

El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, estableció medidas de carácter urgente para paliar la creciente morosidad de las administraciones públicas. Una de ellas es un plan de ayuda para la financiación de los pagos pendientes a proveedores que arrastran las entidades locales. Para acogerse a este plan, los ayuntamientos debían enviar sus cuentas y el Gobierno elaboraría una lista pública con las entidades locales que cumplieran los supuestos necesarios y, por tanto, se pudieran acoger a las ayudas. Ese listado debía haberse hecho público hoy mismo, 30 de julio, justo un mes después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley, tal y como se establece en el mismo. En su lugar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado una resolución para frenar su publicación.

De hecho, los ayuntamientos -y solo ellos- podrán tener acceso a esa lista a través de un acceso seguro, con nombre de usuario y contraseña. El resto de ciudadanos no podremos saber qué ayuntamientos reciben estas ayudas. La resolución justifica este cambio hacia la opacidad alegando que la publicación del listado de entes locales “puede derivar para los interesados perjuicios de imposible o difícil reparación”, sin especificar en ningún momento qué daño hace a un ente local que se conozca que sus cuentas, poco saneadas, están demandando una ayuda a gritos.

Esta no es la primera vez que los datos relativos al pago a proveedores de los ayuntamientos se mantiene oculto bajo llave. En 2012, David Cabo pidió al departamento dirigido por Montoro un listado de los ayuntamientos que no habían enviado sus balances de impagos y un desglose de las obligaciones pendientes de pago de quienes sí habían informado al ministerio. La pregunta, cuya andaduraarrancó en marzo de 2012, pasó por diferentes fases -todas infructuosas y algunas rozando el absurdo-: primero fue el silencio, con él lainsistencia tres meses después, para obtener la  primera respuesta: desde el ministerio aseguraban que no existía tal lista de ayuntamientos y remitían a su página web.

La información disponible en la web era la siguiente: 4623 entidades locales han presentado facturas por valor de 9750,15 millones de euros.¿Cómo podían haber sumado esas cantidades sin una lista de ayuntamientos? ¿cuáles eran los 4623 y qué facturas correspondían a cada uno? Después de mucho insistir y de recibir siempre la misma respuesta: no hay lista; Hacienda pasó la pelota a la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con entidades locales.

Nueva petición de información y nueva odisea. Y ya estamos en junio de 2012. La entidad responde que no pueden facilitar esa información hasta que acabe el proceso y, pese a que David insiste en recibir una contestación, aunque sea parcial, la entidad rechaza la petición y, como última contestación, asegura que lo que tenga que hacerse público se hará a través de su página web. Ha pasado más de un año desde entonces y nunca se llegó a publicar esa información.

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