España no solo se resiste a juzgar el franquismo, sino también a que se lo juzguen otros.

España no solo se resiste a juzgar el franquismo, sino también a que se lo juzguen otros.

En 1998, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio a España fama en la lucha contra dictadores retirados, al exigir la extradición del general Augusto Pinochet por su presunta implicación en desapariciones de ciudadanos españoles durante los años de la dictadura militar en Chile. Quince años después, ya exmagistrado apela a las instituciones internacionales para conseguir que las autoridades españolas investiguen los crímenes cometidos en España durante el franquismo.

A Garzón su guerra por investigar las desapariciones de los españoles en la época de Franco le costó el cargo. El Tribunal Supremo calificó de “imaginación creativa” la argumentación en la causa de Garzón y en el 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. Desde entonces, el exmagistrado no ha cesado de defender los derechos de los familiares de esas víctimas no enumeradas de la dictadura. Esta semana Garzón denunció ante el Comité de la ONU para las Desapariciones Forzadas en Ginebra el “abandono” que sufren las familias de unos 140 000 desaparecidos en más de 2000 fosas comunes que siguen sin abrir.

El pasado septiembre, tras una visita a España, el Grupo de Trabajo de la ONU contra las Desapariciones Forzadas emitió unas duras críticas contra España al recordar en un informe provisional su obligación de juzgar los crímenes del franquismo y elaborar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos. "He explicado en el Comité cómo no hay ninguna investigación abierta sobre estas desapariciones, y cómo el Estado está totalmente ausente”, dijo el exmagistrado al diario español El País poco después de su intervención.

La delegación oficial española ha presentado un informe ante el Comité en el que justifica la falta de investigación de estas desapariciones en que se produjeron antes de que España se adhiriera a la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en 2010. Además, las autoridades afirman que la Ley de Amnistía, aprobada en 1977, cierra la vía para la investigación penal de los crímenes del franquismo en España.

Los enviados del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto esa ley que impide juzgar la desaparición de más de 114 000 españoles y 30 000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero todas las iniciativas de la ONU presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento han sido rechazadas por sistema en el Congreso. Los dos principales grupos parlamentarios, el Partido Popular y el PSOE se niegan a tocar la Ley de Amnistía, que en su opinión ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles.

España no solo se resiste a juzgar el franquismo, sino también a que se lo juzguen otros. El Estado está reaccionando como Argentina o Chile hace diecisiete o quince años, cuando Garzón, quien reclamaba la detención de dictadores, militares o policías de ambos países en aplicación del principio de justicia universal. Según afirman los medios españoles, el Gobierno mintió para que no avanzara la causa abierta por una juez argentina en 2010 para juzgar el franquismo. Las autoridades le aseguraron que había “numerosos procedimientos judiciales abiertos” en España por los crímenes de la dictadura. Además, vetaron la toma de declaración por videoconferencia de las víctimas.

Sin embargo, la justicia argentina ha dejado claro que irá hasta el final para juzgar el franquismo y llevar a los torturadores aún vivos al banquillo de los acusados. La jueza María Servini de Cubría solicitó formalmente la extradición de los exagentes imputados por un delito de torturas a instancias de Darío Rivas, quien a sus más de noventa años sigue exigiendo justicia para su padre, alcalde de Castro de Rei asesinado en 1937. En el 2010, presentó una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la dictadura. Pero las trabas por parte de Madrid continúan.

Según el diputado del congreso Gaspar Llamazares, para avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo no hace falta derogar la Ley de Amnistía. Llamazares considera que basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. “Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”, dijo el parlamentario al diario El País.