La ley de transparencia que fue votada el miércoles en el
Pleno del Senado vuelve al Congreso sin ninguna mejora para el derecho de
acceso a la información y a pesar del rechazo del texto actual por la mayoría
de los grupos parlamentarios: en esta última votación han votado en contra de
la ley los partidos ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE.
“El Partido Popular ha ignorado a la sociedad civil durante
todo el proceso de adopción de la ley de transparencia manteniendo una postura
única, muy limitada y que plantea una propuesta que viola los estándares
mínimos internacionales”, comenta Victoria Anderica Caffarena,
coordinadora de campañas de Access Info Europe.
El Senado también ha ignorado los distintos llamamientos que
ha hecho la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa para que España
mejore su proyecto de ley. En Junio de 2012, la OSCE advirtió que el
anteproyecto de esta ley “no acata las normas y los principios ya
consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones
intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso
a los Documentos Públicos”. El último mensaje lo envió el pasado 13 de septiembre
2013 y decía que esta ley dificultaba el trabajo de los periodistas como perro
guardián.
La ley que se aprobará en el Congreso el día 28 de noviembre
de 2013 no estará en línea con los estándares internacionales y acabaría
ocupando la posición 75 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la
información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos, según el análisis que hace Access Info Europe en base a los
indicadores del Global RTI
Rating (ranking global de leyes de acceso a la información).
España necesita con urgencia una ley de transparencia, sobre
todo en el contexto actual de crisis, de gran preocupación social por las
actuaciones de las autoridades públicas y de escándalos de corrupción. No en
vano, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa comentó en
octubre 2013 que “los procedimientos y la toma de decisiones deberían ser
abiertos y transparentes, con miras a garantizar la responsabilidad.”
Además de todas las carencias señaladas por la sociedad civil
y a pesar del informe de evaluación que Gobierno Español ha preparado en
octubre de 2013 para el Open Government Partnership (Alianza
para el Gobierno Abierto, OGP) dice que ya había cumplido con su compromiso de
adoptar una Ley de Transparencia, la ley de momento no entrará en vigor. Las
disposiciones adicionales de esta ley señalan que todo lo relacionado con la
transparencia, el derecho de acceso a la información y las obligaciones de
publicación proactiva tardará un año más en estar vigente y dos años en las
Comunidades Autónomas. En cambio, el título de Buen Gobierno, que no tiene
relación directa con la transparencia, entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de esta ley en el Boletín Oficial del Estado.
“La necesidad de una ley de transparencia es urgente y
aunque entendemos que la creación de un portal de transparencia lleva tiempo,
consideramos que no hay ningún motivo para que no se respondan desde ya a las
solicitudes de acceso, a nivel estatal y a nivel autonómico”, añadía
Anderica.
Notas:
Esta ley fue presentada en Consejo de Ministros en marzo de
2012 como un anteproyecto de ley y antes de llegar al Congreso de los Diputados
sufrió una serie de cambios considerados como cosméticos según la OSCE. Durante su debate en
el Congreso se amplió el ámbito de aplicación de la ley incluyendo a algunas
instituciones como Partidos Políticos, los sindicatos, asociaciones patronales…
En el informe de la ponencia designada para estudiar
el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno se han integrado cambios en su mayoría técnicos y que no corresponden
a los que la Sociedad Civil pide desde 2006, y que tampoco corresponde a la campaña #SenadoTransparente que demandaba tres cambios
concretos: El reconocimiento del derecho de acceso a la información como un
derecho fundamental, que la ley no excluya de su alcance tipos de información,
y que el organismo que vigile la transparencia sea independiente y tenga poder
vinculante.
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