Mientras los estados miembros de la UE consideran las
implicaciones medioambientalmente arriesgadas del desarrollo del fracking, hay
negociaciones en marcha para un controvertido Acuerdo Económico y de Comercio
Global (CETA) que garantizaría a los inversores el derecho a impugnar las
decisiones de los gobiernos de prohibir y regular el fracking.
Este informe resalta el debate público acerca del fracking,
los intereses de las compañías de gas y petróleo de Canadá en las reservas de
gas pizarra de Europa, y los impactos que una cláusula de protección de las
inversiones en el propuesto CETA podría tener en la posibilidad de los gobiernos
de regular o prohibir el fracking. Examina el informe del caso de la compañía
Lone Pine Resources Inc. contra Canadá, que, utilizando una clausula similar,
impugna una moratoria contra el fracking y demanda al gobierno canadiense para
conseguir una compensación, y alerta que lo mismo ocurrirá posiblemente en
Europa. Recomienda que los mecanismos de solución de conflictos inversor –
Estado no se incluyan en el CETA.
La traducción de este informe al español ha sido realizada
por la Asamblea
contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.
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