En la madrugada del 25 de septiembre de 2013, más
de un centenar de antidisturbios ejecutaron con violencia la orden de
desahucio de la casa de Isabel Rodríguez, perteneciente a la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde vivía con su
marido, su hija de 8 años y sus padres.
La EMVS, sociedad anónima con capital 100% del Ayuntamiento de
Madrid, es la encargada de desarrollar la política de vivienda municipal
y facilitar el acceso a la misma a los sectores con mayores
dificultades, teniendo, según ellos, un marcado caracter social.
El Ayuntamiento afirma que los padres de Isabel, adjudicatarios de la
vivienda al ser realojados después de que expropiaran su casa hace 24
años, y a la que ella se mudó para poder atenderles -su madre sufre
trastorno bipolar y su padre una enfermedad degenerativa-, tienen una
deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad, no pudiendo así ser
beneficiarios de una vivienda pública. Isabel no reconoce la deuda que
la EMVS les imputa, pues afirma haber intentado pagarla reiteradamente
resultando devueltos los recibos. Y respecto a las viviendas, alega que
una se encuentra en nuda propiedad (solo podría usarla en caso de que
fallezca el morador) y la otra está embargada, encontrándose en caso de
desamparo al estar ella y su marido en paro y no tener alternativa
habitacional alguna.
Según Manuel Sanpastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la
Vivienda Pública y Social (PAVPS, hermana de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca – PAH), no cabe ninguna duda de que el bloque de
Unanimidad 25, donde hasta ayer vivía Isabel, será vendido en el futuro a
un fondo de inversión privado con el objetivo de subsanar la deuda
actual de la EMVS, como ocurriera el pasado mes de junio, cuando Ana
Botella vendió 1.800 viviendas públicas a la entidad de capital de
riesgo Blackstone.
Según Sanpastor, esta venta de pisos a fondos de inversión ha hecho
aumentar los casos de desahucios por vivienda pública y social en Madrid
hasta el punto de que en el último año han superado con creces a los
desahucios por hipoteca que llegan a la PAH y a los grupos de vivienda
de las asambleas de barrio, viéndose estos forzados a crear otras
plataformas para poder llevar a cabo una atención especializada y
sufriendo una inflexibilidad prácticamente absoluta por parte de la EMVS
y el IVIMA (su equivalente en la Comunidad de Madrid, también en
situación de deuda asfixiante) a la hora de dialogar para buscar
soluciones a sus casos de impago, negándose incluso a recibir a sus
afectados en sus oficinas y negándose también a recibir los pagos de sus
deudas para así poder ejecutar el desahucio y poder realizar así la
venta posterior del piso.
http://periodismohumano.com/economia/asi-desahucia-el-ayuntamiento-de-madrid.html
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