Con el voto en solitario del
PP, el Congreso aprobó ayer una reforma de la Ley Hipotecaria que no recoge ni
una sola de las demandas presentadas en la Iniciativa Legislativa Popular por
las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avaladas por 1,5 millones
de firmas. Ya en el debate, Rajoy dijo que no podía asumir esas demandas porque
seria “crear inseguridad jurídica” en el sistema financiero.
Pero calló y ocultó que esa
“inseguridad jurídica” se refiere única y exclusivamente a los 400.000 millones
de euros en cédulas hipotecarias españolas que posee la gran banca internacional.
Y, curándose en salud, ya la Troika previó en las negociaciones para el
“rescate” del sistema financiero español que ni una sola de esas cédulas
hipotecarias pudiera correr el más mínimo riesgo de perder una parte de su
valor.
Ellos adelantan 41.500 millones
de euros que luego debemos devolver nosotros, con intereses, en forma de deuda
pública. A cambio, entre otras cosas, se han asegurado que los 400.000 millones
en cédulas hipotecarias que tienen sus grandes bancos no se depreciarán.
Pero, ¿qué son las cédulas
hipotecarias y por qué ese interés en protegerlas?
Básicamente, son títulos de deuda
emitidas por bancos y entidades financieras para recaudar préstamos en el
mercado de capitales. Con las cédulas hipotecarias, el prestamista no sólo
cuenta con la garantía del banco que ha pedido el dinero, sino que éste pone
una garantía adicional que es su cartera de hipotecas. Esto le da al
prestamista la certeza de que en caso de insolvencia o quiebra del banco
deudor, su cartera hipotecaria servirá en primer lugar para pagar las cédulas,
y no se podrá utilizar para ninguna otra cosa hasta que se haya cumplido al
100% los compromisos de pago con los poseedores de dichas cédulas.
Durante el período de la burbuja
inmobiliaria, bancos y cajas españolas emitieron centenares de miles de
millones en cédulas hipotecarias. Según el último informe del Banco
Internacional de Pagos, en la actualidad el sistema financiero español tiene
comprometidos 400.000 millones de euros en cedulas hipotecarias. Que en su
inmensa mayoría están en manos de bancos franceses y alemanes y de los grandes
fondos de inversión norteamericanos.
Aceptar la dación en pago
generalizada, significaría que buena parte de esas cédulas hipotecarias corran
el riesgo de perder parte de su valor. Pues dejarían de estar respaldadas por
los pagos del propietario de la vivienda endeudado, que debe responder con todo
su patrimonio –y en muchas ocasiones con el de sus familiares que se han
ofrecido como avalistas– del valor total de la hipoteca más los intereses, a lo
que hay que sumar los intereses de demora en caso de impago o desahucio. Y
pasarían a estar respaldados sólo por una vivienda cuyo precio objetivo de
mercado ha caído un 40 o un 50% del valor al que están tasadas en los balances
contables de los bancos.
Esto es lo que los bancos
alemanes, franceses y norteamericanos no están dispuestos a permitir de ningún
modo. Para eso la Troika impuso estas condiciones en las negociaciones del
rescate. Por eso Rajoy y el gobierno del PP rechazan la dación en pago
generalizada y por eso Rubalcaba dice que no cree que “sea la solución”.
A ninguno de ellos les importa lo
más mínimo los centenares, seguramente miles, de personas a las que se les ha
desposeído de su futuro y comienzan a pensar en la muerte como única salida,
muchas de las cuales acaban dando ese paso mortal. Desprecian a las decenas de
miles de familias angustiadas por la posibilidad cercana de verse sin un techo
para ellos y sus hijos. Sólo importa su dinero, los miserables beneficios
conseguidos robando años de vida y trabajo, sudor y sangre de la gente.
Después de la votación de ayer en
el Congreso, podemos decir con él que debajo de cada uno de los 400.000
millones de euros en cédulas hipotecarias en manos de bancos franceses,
alemanes y norteamericanos, hay no una, sino muchas gotas de sangre de gente
humillada, desposeída y desahuciada.
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