Lo que sucede cuando un juez español manda a un banquero a la cárcel.

El 3 de octubre de este año, Miguel Blesa, de 66 años de edad, ex director general de Caja Madrid, se casó con Gema Gámez de39 años de edad. No se escatimaron gastos en calidad de invitados de las altas esferas de la sociedad madrileña, entre ellos el expresidente José María Aznar, se reunieron en la exclusiva villa de Las Jarillas para presenciar el intercambio de votos y la firma ritual.

A pesar de la presencia de grupos de manifestantes en el perímetro del lugar, fue una ocasión abrumadoramente feliz - especialmente para el novio. No sólo se casaba con una mujer 26 años más joven que él, también era un hombre libre.

Hace apenas cuatro meses Blesa ocupaba una celda en la notoria prisión de Madrid de El Soto. Acusado ​​de delitos graves, tales como la participación en las irregularidades en la compra de Caja Madrid del City National Bank of Florida,  fraude financiero y de "apropiación indebida" - jerga legal por robo de guante blanco – A Blesa ni siquiera se le concedió la libertad bajo fianza por el juez.

Un ligero temblor de miedo se deslizó a través de las altas esferas de la banca de España, las empresas y las comunidades políticas imaginando las noches de insomnio y posibles llamadas nocturnas a sus abogados por parte de Blesa. Era evidente que algo había que hacer, y rápido. Y, para alivio eterno de Blesa y sus secuaces, la respuesta del poder judicial fue rápida y decisiva. Acusar juez Silva de vulnerar la libertad individual de la parte demandada, de convertir el caso en una causa en contra de la profesión bancaria en su conjunto, y de la perversión de la justicia, el fiscal llevó el caso a la Audiencia Nacional, donde se tomó la decisión de liberar a Blesa de su entorno indecoroso.

Es increíble lo rápido que las ruedas de la justicia semueven en España cuando un banquero o alguien afín al gobierno (antes de convertirse en director general de Caja Madrid Blesa era un alto miembro del Partido Popular), se encuentra en el punto de mira de la ley.

Desde su salida de prisión, la defensa de Blesa ha pedido el cese indefinido de la causa contra su cliente. En cuanto al juez Silva, las circunstancias no han sido tan amables. La querella presentada por la Fiscalía de Madrid se refiere a delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y delitos contra la propiedad individual que habría podido cometer en varias decisiones sobre la investigación del crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida, entre ellas la de enviar a Blesa a prisión incondicional el pasado 5 de junio. Silva se enfrenta hasta 40 años de inhabilitación.

En una reciente entrevista con la edición española de la revista Vanity Affair Silva lamentó las fallas de un sistema de justicia que trata a los ciudadanos de alto standing (banqueros, magnates de negocios, políticos y la realeza), de una forma más amable que todos los otros miembros de la sociedad. También se refirió a la crónica falta de independencia judicial en España - un tema cada vez más importante dado el contexto en constante aumento de la corrupción política y la malversación financiera en el país-.