El "equivocado" presupuesto en Defensa.

Cada año, el presupuesto del Ministerio de Defensa engorda, como mínimo, mil millones de euros sobre lo presupuestado inicialmente. Así lo hizo en 2008 (se presupuestaron 8.149 millones y se gastaron 9.810), en 2010(de 8.255 pasó a 9.344 millones), en 2009 (de 7.694 a 8.715 millones) y en2011, último año de gobierno socialista, cuando pasó las cuentas destinadas a este departamento, de 7.156 millones de euros, se convirtieron en 8.301 millones a lo largo del año.

En 2012, gracias en parte a una partida extraordinaria para el pago de armamento, el tradicional engorde de las cuentas alcanzó cotas mucho más altas y llegó a sumar casi 2.750 millones al gasto previsto inicialmente. Así, durante el año, los 6.316 millones presupuestados se convirtieron en más de 9.000 millones. En 2013, por el momento, se repite la jugada.

La ejecución del presupuesto a 30 de abril de 2013, publicada hoy en el BOE, desvela un aumento del gasto en Defensa de 582.354.000 euros. Es decir, los 5.937.005.000 euros que consignaban los presupuestos generales para este ministerio ya se han convertido en 6.519.359.000. Y quedan ocho meses para terminar el año.

	Presupuestado	Gastado	Se pasaron en:
2008	8,149,000,000	9,810,000,000	1,661,000,000
2009	8,255,000,000	9,344,000,000	1,089,000,000
2010	7,694,000,000	8,715,000,000	1,021,000,000
2011	7,156,000,000	8,301,000,000	1,145,000,000
2012	6,316,000,000	9,000,000,000	2,684,000,000
2013	5,937,000,000	6,519,000,000	582(hasta abril)

El desvío se encuentra en torno al 20% de lo presupuestado. ¿Cómo es posible que todos los años te "equivoques" en casi un cuarto de lo que tenías pesado gastar?¿Quien es el que hace estos presupuestos para Defensa? Lo que está claro es que no importa quien gobierne, siempre meten la pata a la hora de gastar... O son unos ineptos o es que lo hacen adrede. Tanto hablar de recortes, perdón, de reajustes y por lo que se ve  en Defensa, si os fijáis se llevan gastando lo mismo desde el año 2010.

• Los presupuestos de 2012 del Ministerio de Defensa, dispusieron, inicialmente, de 6.316 millones, incluyendo el gasto en I+D+i militar, con 4,95 millones destinados a los PEAS. Este presupuesto fue incrementado en diversas ocasiones desde su aprobación. Así, en junio se aprobó un gasto de 1,5 millones para el sistema de vigilancia terrestre de la OTAN y otro incremento, también de 1,5millones de euros, para los aviones no tripulados de la OTAN. En agosto, se concedieron 86,5 millones para mantenimiento de aviones.

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• Pero el aumento realmente importante se produjo en el mes de septiembre con el Real Decreto-ley 26/2012, por el que se aprobaba un crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para hacer frente a las obligaciones contraídas con los PEAs, que realmente ascenderá a 2.370 millones teniendo en cuenta la aportación del Ministerio de Industria.(entre el que se encuentra el famoso submarino S-80)

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• En conclusión, los presupuestos reales del Ministerio de Defensa aumentaron durante 2012 un 28,21% con respecto a 2011, cuando se nos había hecho creer que habían disminuido en un 8,84% o en11,85% sin contar la inversión en I+D+i militar.

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• Esta necesidad presupuestaria ya era sobradamente conocida por el Gobierno cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado de 2012, tal y como reconoció en el mes de abril el Secretario de Estado de Defensa. Siendo una deuda conocida, parecemos encontrarnos, por lo tanto, ante una estrategia planificada de ocultación y engaño a la ciudadanía española. El Gobierno ha querido maquillar los presupuestos de 2012 incluyendo en ellos una reducción presupuestaria del 8,84% en el presupuesto del Ministerio de Defensa, a sabiendas de la falsedad de lo que hacía y la necesidad de proveer la deuda más adelante. 

• En el proyecto de presupuestos de 2013 se previó un recorte con respecto al presupuesto inicial de 2012, de un 6%,situándose de esta manera en 5.937 millones de euros, 379 menos que en el ejercicio pasado resultando que a finanes de Abril ya lo han superado en más de 500 millones. La partida más importante de este presupuesto sigue siendo la de gastos de personal, con un 75% del total (4.500 millones),mientras que las inversiones suponen un 8,1%(484,67 millones de euros), un 29,9% menos que el año pasado(6,8 millones de euros de disminución).No obstante los PEAs (Programas Especiales de Armamento) aumentan su presupuesto, situándose en 6,8 millones (4,95 millones en 2012),destinados al avión Eurofighter (4,94 millones), al avión A-400(1,1 millones) y al helicóptero Tigre (0,73 millones).

• Este presupuesto se destinará íntegramente a las empresas multinacionales que construyen dichos aparatos (Cassidian,Airbus Military y Eurocopter, las tres del consorcio europeo EADS), aunque desde el Ministerio de Defensa han aclarado que se destinarán a los gastos de las oficinas de administración de los programas, ya que los gastos materiales no se han presupuestado. 

• Es decir, los gastos en inversión material se presupuestarán posteriormente, mediante, todo parece indicarlo, créditos extraordinarios. Pero, lo que ya sabemos es que las oficinas del consorcio nos cuestan 6,8 millones, aunque todavía no conocemos en qué se gastan tanto dinero de nuestros presupuestos. Con los antecedentes de 2012 y, a la vista de los compromisos adquiridos en los PEAs, parece totalmente inverosímil que el Ministerio de Defensa vaya a poder hacer frente a sus obligaciones con el presupuesto asignado. Siendo conocidas las obligaciones, deberían haberse presupuestado. De la misma manera, el Gobierno debería haber presentado su plan alternativo para disminuir el gasto en los PEAs. No hacerlo, muestra una falta de voluntad de transparencia en las actuaciones públicas y un deseo, evidente, de equivocar a la opinión pública con una información inicial incompleta que, posteriormente, cuando la información inicial ya ha impactado, se matiza adecuadamente.

¿Qué son los Programas Especiales de Armamento?

No existe una definición específica de lo que se debe entender por Programas Especiales de Armamento, sino que lo que se ampara bajo esta denominación es una forma novedosa y compleja de financiación. Así, el Ministerio de Industria facilita anticipos a las empresas contratistas por importe variable en función del armamento pero en todos los casos a interés cero. Una vez entregado el material, todo o parte, el Ministerio de Defensa abona el gasto y el contratista devuelve el anticipo. Es decir, se paga antes de recibir la entrega, debiendo la Administración Pública esperar a la entrega del material ó,en caso contrario, reclamar el importe si el contratista no cumple con lo estipulado, lo que deja en situación ciertamente precaria a la Administración.

En definitiva, no parecen ser el fruto de una planificación precisa cuyo fin sea alcanzar unos objetivos estratégicos concretos, sino una amalgama de actuaciones bajo el paraguas común de una forma de financiación a los contratistas innovadora.

Los Programas Especiales de Armamento (PEAs), comprometidos desde el año 1997, primero por el Gobierno popular y posteriormente por el Gobierno socialista, han endeudado a la sociedad española hasta el año 2025 con unos créditos por importe inicial de 23.960 millones de euros, que en 2009 ya habían ascendido a 26.693 millones y cuyo escenario final previsto los situaba en una cifra entre 31.631 y 36.876 millones de euros. De este importe, más de 20.000 millones se comprometieron entre 1997 y 2003. El incremento del presupuesto se ha debido a modificaciones que han sufrido los contratos, a partidas que se dejaron abiertas en ellos y a revisiones al alza en los precios, mostrando, a la vista de los resultados una grave falta de capacidad de evaluación y control de los contratos públicos.

De acuerdo con la información públicamente disponible, existen 19 programas que se destinan a la compra de material de muy diversa composición. Entre ellos destacan los aviones Eurofighter (9.255 millones),los carros Leopard (1.910 millones), los aviones A-400 (3.453 millones), el submarino S-80 (1.756 millones), las fragatas F-100 (1.683 millones), el helicóptero de combate Tigre (1.274 millones), los helicópteros NH-90 (1.260 millones), además de otros buques, aviones, helicópteros, torpedos, misiles, etc.,,por importes menores.

Por poner tres ejemplos, con este presupuesto se ha comprometido la compra de 87 aviones Eurofighter (a 80,3 millones de euros cada uno), 239 carros Leopard y 80 torpedos DM2A4. Hay que resaltar que algunos de los contratos, como el del Eurofighter, tienen cláusulas de penalización en el caso de que la Administración los quiera anular.

Conclusión:

Se ha ocultado sistemáticamente la información económica y financiera de estos programas, tal como ha sucedido en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y los proyectados para 2013, conociendo la existencia de gasto y la necesidad de cumplir con las obligaciones contractuales.

Se ha ocultado la verdadera finalidad de los programas, utilizando una serie de argumentos para los que no se aporta el respaldo de evaluaciones previas o informes de resultado. Igualmente, dicha información, en el caso de existir, no se ha divulgado ni está disponible en los medios de información ciudadana institucionales.

Así, se ha intentado justificar estos programas con los argumentos de su importancia para el “desarrollo del tejido industrial español con alto componente tecnológico, con opciones de competir en mercados internacionales para exportar dichas capacidades y la generación de puestos de trabajo de alto valor y capacitación con importantes transferencias tecnológicas a sectores civiles”. Argumento que el propio Ministerio desmiente en su evaluación de 2011, al concluir que los programas dejan poco valor añadido a la industria española por la notable dependencia tecnológica de países terceros.

También se ha argumentado su labor en la “cooperación industrial internacional”, argumento asimismo desmentido en la evaluación del Ministerio de Defensa al concluir, finalmente, que los planes están orientados a la producción pura, no a la adquisición de capacidades, por lo que se origina una notable dependencia de tecnólogos extranjeros. A menos que, por cooperación, el Gobierno considere la financiación de empresas extranjeras.

Y, finalmente, argumentan su papel en “la modernización de las Fuerzas Armadas y su habilitación para la participación en las misiones internacionales en las que España se despliega con países aliados”, razonamiento que podemos considerar como el verdadero fin de estas actuaciones y finalidad ante la cual se han supeditado los intereses de la sociedad española e, incluso, el patrimonio del Estado. Sigue el Gobierno justificando su actuación y la de anteriores Gobiernos, empleando el argumento de la “pérdida de empleos altamente cualificados y de capacidad exportadora de nuestra industria” en el caso de no continuar con los programas.

Sin embargo, no se ha ofrecido información pública que nos permita cuantificar los empleos que desde 1997 se han debido directamente a estos programas ni, mucho menos, analizar su incidencia en la sociedad. Sobre la capacidad exportadora, vinculada a estos programas especiales de armamento, no hay ni un solo dato.

Y aún se emplean otros dos argumentos para justificar su continuidad: el “colapso financiero, que supondría, en los programas internacionales y el consecuente deterioro de la imagen de España”, así como la “limitación de nuestra capacidad para participar en las misiones internacionales”.

En una situación en la que nos vemos abocados al rescate financiero, no parece que la imagen de España salga reforzada por mantener un gasto superfluo de miles de millones de euros, aunque desde la lógica en la que se han comprometido los planes, estos últimos argumentos parecen tener suficiente entidad para sus responsables.

A la luz de estos argumentos, que el propio gobierno emplea en su justificación, se desprende que la finalidad de estos 19 programas especiales de armamento ha sido la de intentar convertir a nuestro país, por la vía rápida y sin atender a ninguna otra razón, en una potencia militar de primera línea capaz de codearse con las otras potencias a lo largo de todo el mundo.

Para satisfacer esta disparatada megalomanía, se han supeditado intereses nacionales de mucha mayor trascendencia, como el cumplimiento de los derechos fundamentales que nuestra constitución establece para garantizar la cohesión social: la protección social, económica y jurídica de la familia y la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa.

Se debe denunciar que se permitieron el lujo de endeudar a España en épocas en las que, a pesar de no haberse desencadenado todavía la crisis sistémica que hoy padecemos, los indicadores de desigualdad de nuestro país nos alejaban cada vez más del modelo social equitativo que propugna la constitución así como una mayor transparencia en la información respecto al gasto en estos programas. Hay que recordar a nuestros gobernantes que el dinero que se gastan ya sea con acierto o sin él debe estar regido por una transparencia que por ahora brilla por su ausencia y por lo que pinta seguirá siendo así. Este es un ejemplo claro de por dónde debe ir las directrices para la realización de la ley de transparencia que se está llevando a cabo actualmente porque, seamos claros, no se pueden comprometer miles de millones de euros sin un rigor de estudio serio. Lo que me lleva a pensar que las señorías que pertenecen a la comisión de defensa no están haciendo su trabajo todo lo bien que es de esperar.