Día a día se acrecienta más el
escándalo por corrupción en España que implica a los principales dirigentes del
gobernante Partido Popular (PP), incluido el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy.
Nuevos detalles de la
investigación revelan a cuentagotas las millonarias infracciones financieras
supuestamente cometidas por el extesorero de la agrupación política, Luis
Bárcenas, y a través de las cuales se habrían beneficiado el actual jefe del
ejecutivo y muchos de sus subordinados.
El pasado jueves fue un día
insólito para la política española. Obligado por la presión del resto de los
partidos y de la opinión pública, Mariano Rajoy compareció en el Parlamento
para referirse al escándalo de corrupción que lo envuelve. Eso sí, su
comparecencia quedó en la superficie del asunto, solo reconoció haberse
equivocado en el “exceso de confianza” otorgado a su hombre de cuentas y negó
la posibilidad de dimitir ni convocar elecciones anticipadas.
La gravedad de este asunto hace
recordar el escándalo Watergate, que también en agosto, pero de 1974, provocó la
dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon. Un caso así supondría la
renuncia del mandatario de cualquier otro país, sin embargo, en la España de
los recortes sociales, de la gran deuda fiscal y de los veinte millones de
parados, parece que el presidente del Gobierno se saldrá con la suya.
Es en este momento cuando muchos
se preguntan dónde están los miles de integrantes del Movimiento 15M, también
conocidos como Indignados, que salieron de forma masiva a las calles de la
nación ibérica en el 2011, exigiendo una democracia participativa, la división
de poderes y el cese de la supremacía de políticos y entidades bancarias, y que
impulsaron la celebración de elecciones anticipadas por el gobierno del
socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
En días anteriores, fueron apenas
mil las personas que reclamaron la dimisión del Ejecutivo en la Puerta del Sol,
en Madrid, y el acto fue convocado por el partido Izquierda Unida y
organizaciones como Ecologistas en Acción, Asociación Libre de Abogados, Los Verdes
y Justicia y Sociedad.
Si bien el descontento social es
innegable, pues encuestas recientes indican que la desaprobación popular con la
gestión del ultraconservador PP alcanza niveles históricos, esta vez el pueblo
español ha reaccionado con indiferencia y resignación.
Según datos revelados por el Centro de Investigaciones Sociológicas,
la estimación de voto al PP actualmente es del 32,5 %, su peor resultado en la
historia de este sondeo. Los socialistas logran un apoyo del 27,2 %, también
por debajo de las últimas elecciones. Ambos partidos descienden con relación a
la encuesta anterior, aunque el PP lo hace de forma más pronunciada. Esos
datos, unidos a la pésima valoración de la clase política y de las
instituciones del Estado, ponen al sistema gubernamental español en jaque
mate.
Y es que la opción ante un
gobierno fallido del PP sería un nuevo mandato del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), debido al régimen bipartidista establecido en el país luego del
término del franquismo, y contra el cual también se manifestaron en su momento
los Indignados.
De hecho, el partido opositor no presenta
actualmente un proyecto sólido que pueda despertar pasión entre los españoles.
Con un secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, carente del carisma
necesario para ganarse la aceptación de las diferentes facciones internas, hay
quinielas que apuntan a Carme Chacón o Eduardo Medina como futuros líderes del
PSOE.
Para Jaime Pastor, profesor de
Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
Madrid, el verdadero problema de España es que los escándalos de corrupción han
creado un profundo estado de preocupación y han aumentado la inestabilidad
política, cuando, irónicamente, se suponía que el gobierno sacara provecho de
ser uno de los pocos en Europa con mayoría parlamentaria.
Pablo Gallego y Fabio Gándara,
participantes en las manifestaciones de los Indignados en mayo del 2011,
expresaron este año, al cumplirse el segundo aniversario del movimiento, que la
mayor victoria que se consiguió fue producir un cambio de conciencia en la
ciudadanía que ha hecho que los españoles sean personas "más críticas y
comprometidas".
Para ellos, este es un movimiento
que no pertenece a ningún grupo social, es "un espíritu, un caldo de
cultivo", que busca una participación activa de la ciudadanía en la política
para conseguir una mayor justicia económica y social.
Pero
si hace dos años España entera despertó ante las calamidades del sistema, hoy
los ciudadanos parecen resignarse y llevar la procesión por dentro, lo cual
indica el estado de cansancio, desesperanza y decepción que albergan hacia la
clase política en general.
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