El anuncio sobre
la solicitud que ha hecho España ante la
Comisión Europea (y que ésta
ya le ha contestado que ya se verá el año que viene) y los demás Estados
del Espacio Schengen para retirar a Perú y Colombia de la lista negra de países
cuyos ciudadanos requieren de visado para ingresar en la zona por un periodo de
corta duración, evidentemente tiene una connotación de carácter económico.
La notificación, hecha hace unos días vía telefónica por el
presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a los presidentes del Perú y
Colombia, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos correspondientemente, sorprendió
a sus colegas porque España no se había opuesto al hecho de que los citados
países latinoamericanos continúen figurando en la lista de ciento treinta y dos
países a los que la Unión Europea (UE) empezó a exigir visado a partir del 1 de
abril de 2001.
En lo que respecta al Perú, el presidente de este país
reaccionó con cautela y de manera muy diplomática tras asegurar que el citado
anuncio evidencia la importancia de su país a nivel mundial y reafirma que la
nación andina está bien vista en el ámbito internacional.
Más nada, pues Humala entiende perfectamente que el proceso
de negociaciones, dirigidas a la supresión de visado para los ciudadanos
peruanos que deseen llegar a los países del Espacio Schengen en calidad de
turistas, será bastante dilatado.
Es muy probable que no todos los países miembros del bloque
apoyen la propuesta de España debido a los problemas económicos, sociales,
morales entre otros que tienen, al igual que el país ibérico, como para
complicarlos más con una migración descontrolada no calificada, por duro que
suene, que amenazaría su seguridad ciudadana, su estilo de vida, su urbanidad,
etc. Suficiente tienen con los que ya están en sus territorios y que ahora
tratan de imponerles lo suyo. Francia es un ejemplo concreto de ello.
Pero España está dispuesta a correr el riesgo pues, es
consciente que el grueso de turistas procedentes de Perú y Colombia llegaría a
visitarla más que a otros países de Europa, ya que el idioma, sobre todo, es
algo que acerca mucho a sus pueblos. Su actividad turística, favorecida ahora
por la inestabilidad en Egipto y, en menor medida, en Turquía, daría resultados
concretos a diferencia de la propuesta que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) le hizo: rebaja de sueldos de hasta el 10 %, para crear empleo.
La notificación que el gobierno de Mariano Rajoy hizo llegar
a la parte peruana es un gesto político muy importante porque contribuye aunque
sea a que el Perú preste mayor consideración a la delicada situación en la que
se encuentra España.
Valga como ejemplo de ello la renovación por parte del
gobierno peruano, de tres contratos de telefonía móvil a Telefónica del Perú,
cuyo nombre comercial es Movistar, filial de Telefónica S.A., empresa española
operadora de servicios de telecomunicaciones.
Pero para renovar los contratos de concesión del servicio de
Movistar por un plazo de dieciocho años diez meses tras tomar en consideración
la recomendación hecha el año pasado por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Telecomunicaciones (Osiptel): las bandas de 800 y 1900 (MHz) para
Lima y Callao, y la banda de 800 MHz para provincias, la empresa española tuvo
que aceptar las condiciones impuestas por el gobierno de Ollanta Humala que
exigen de una inversión de 1184 millones de dólares (3020 millones soles).
Como parte de la política de inclusión social del Gobierno
peruano, Telefónica tendrá que reducir de 0,50 a 0,25 soles por minuto el costo
de las llamadas con teléfonos móviles durante los primeros cuarenta minutos en
las zonas rurales de país andino. De esta manera, se busca beneficiar a las
personas de los programas sociales Juntos, Cuna Más y Pensión 65, así como a
los maestros, policías y personal de las Fuerzas Armadas que están en los
lugares más remotos del Perú cumpliendo labores.
Telefónica deberá de extender su cobertura en telefonía
móvil a cuatrocientas nueve capitales de distritos a nivel nacional. Así, según
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el 100 % de las capitales
de los distritos del país (1833) contará con este servicio.
Asimismo, el compromiso señala sobre este punto que en los
próximos cuatro años Telefónica Móviles deberá llevar su servicio a 1848
localidades donde actualmente no hay servicio de telefonía móvil. Con esto, en
todos los poblados del país se podrá usar un teléfono celular.
La empresa de capitales españoles deberá brindar de forma
gratuita Internet a comisarías, postas médicas, colegios y otras entidades
estatales ubicados en unos 661 distritos de las zonas más pobres del país. Una
vez que ya se tenga las conexiones con fibra óptica, los servicios pasarán de
satelital a fijo.
En los distritos en los que Telefónica Móviles ya cuenta con
la conexión de fibra óptica, la empresa proporcionará el servicio gratuito de
Internet fijo −denominado Speedy− a todas las instituciones estatales ubicadas
en las capitales de provincia.
Este servicio deberá ser implementado en treinta y cinco
distritos fronterizos del país, con lo cual el 100 % de las capitales de los
distritos fronterizos contarán con Internet. Incluso, los 396 tambos del programa
Apoyo al Hábitat Rural también tendrán este servicio de forma gratuita.
En los próximos doce meses, Telefónica tendrá que instalar
una red inalámbrica para llevar Internet vía banda ancha a la selva peruana
para beneficiar a poblados de Amazonas, Loreto y San Martín. Se estima que
serán unas 259 localidades las que se beneficiarán.
Además, se brindará atención con Internet sin costo en los
siguientes tres años a 259 localidades de la Amazonía.
Telefónica tendrá que interconectar los centros de control
de vídeo-vigilancia para el servicio de transporte de imágenes de las
comisarías que están ubicadas en 32 700 distritos del país con un punto de
monitoreo nacional. Con esto se espera mejorar la seguridad ciudadana en el
interior del país suramericano.
La empresa tendrá que apoyar en un curso anual de
telecomunicaciones para efectivos de las Fuerzas Armadas que dictará el
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
(Inictel).
Y por qué hablamos de que España tuvo que aceptar las condiciones
impuestas por la parte peruana: porque Telefónica del Perú adeuda al gobierno
peruano, según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(Sunat), un poco más de novecientos millones de dólares, lo que generó un
contencioso entre el gobierno de Ollanta Humala y la empresa española, a favor
de la cual, a propósito, el Poder Judicial del país suramericano emitió en
marzo pasado un fallo en primera instancia respecto a la denuncia que presentó
la misma contra el mencionado adeudo.
Si el Perú lo hubiera querido, antes de renovar los
contratos arriba mencionados, primero hubiera exigido que la deuda haya sido
pagada, y en consecuencia la situación económica de España se hubiera agravado.
De lo último deducimos también que el anuncio ha sido una
forma de agradecimiento de parte de España al Perú por tenderle la mano pues,
cada dólar es importante en estos momentos críticos por el que atraviesa el
país ibérico.
En lo que respecta a Repsol, con el cual podrían surgir
algunos problemas en el Perú, es una manera de ganar tiempo para que la empresa
hispana venda sus activos. Valga como ejemplo la venta anunciada a finales de
febrero pasado de sus activos de gas natural licuado (GNL) en Perú, Trinidad y
Tobago y Vizcaya (España) a la transnacional Shell por 6653 millones de
dólares, con deuda incluida, en una operación que no incluyó la planta de
Canaport, ubicada en Canadá.
En resumen el total de la operación de venta que asciende a
6653 millones de dólares consta de 4400 millones de dólares que desembolsará
Shell al grupo español; y 2253 millones de dólares que es el monto de deuda y
compromisos financieros de Repsol, que Shell asumirá como parte del trato al
que llegaron ambas partes.
No obstante, Repsol no ha podido vender hasta al momento
doscientas estaciones gasolineras establecidas en todo el territorio del Perú y
la refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla (Provincia
Constitucional del Callao). Según el ex ministro de Energía y Minas peruano,
Carlos Herrera Descalzi, la refinería actualmente no está muy bien cotizada,
porque hace falta “modernizarla”.
¡Qué extraño! ¿Repsol no invirtió lo suficiente en el sector
energético del país andino durante todo el tiempo que operó en éste? ¿Acaso
estamos frente a un caso parecido al ocurrido en Argentina?
Sea como sea, debemos destacar que en el Perú de la
actualidad existe la voluntad de negociar con cualquier empresa extranjera que
se enmarque en el respeto mutuo, en la política de inclusión social impulsada
por el actual gobierno de la nación andina; que deje tecnología y según sus
condiciones.
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