El proceso para adquirir bienes o
servicios con dinero público, a partir de ciertas cuantías y en la mayoría de
los casos, tiene que ser público. Por ley. Pero en algunos casos nos
encontramos con incumplimientos de la norma y barreras al acceso de los
ciudadanos a esa información. Uno de los casos más llamativos de los
últimos meses es el de Pablo
Castro, que ha pedido a la Generalitat de Catalunya en repetidas
ocasiones el desglose del contrato para gestionar la red Rescat. No es un
asunto trivial: el monto suma 160 millones de euros.
Empezó a preguntar en junio y,
tras insistir, le pidieron sus datos personales, un requisito que no
supone más que una barrera al acceso a la información. Si un ciudadano
pregunta, basta con su nombre para darle una respuesta. En paralelo, le
remitieron a otro organismo, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información de la Generalitat de Catalunya. Ha vuelto a preguntar y sigue sin obtener
respuesta.
El proceso que se siguió para
adjudicar este contrato millonario fue el denegociado sin publicidad, lo
que supone que las administraciones públicas negocian y adjudican en privado y
sólo tienen que dar cuenta de la empresa elegida y el precio del contrato.
Pero, una vez firmado, es difícil entender por qué la Generalitat no explica en
qué consisten los trabajos contratados con algo de detalle.
En ocasiones, la opacidad de los
negociados sin publicidad llegan a límites insospechados. En junio, Castilla La
Mancha adjudicó un contrato para elaborar una cartografía de habitat de aves en
los Humedales de la Mancha. En la página del perfil del contratante se
olvidaron, quizás por despiste, de publicar un detalle importante: a qué
empresa se lo habían adjudicado. Preguntamos en Tu Derecho a Saber y la respuesta fue
inmediata. Ahora ya aparece el nombre de la empresa en la página del perfil del contratante.
Tercer y último ejemplo: el
pasado 7 de agosto, el BOE recogía un anuncio de licitación del Canal de Isabel II para
la compra de medios y el diseño de sus campañas y acciones de comunicación por
un máximo de 5.566.000 euros. Para saber más detalles -cuántas
campañas, por cuánto tiempo, en qué tipo de medios se insertarán los anuncios-
debemos recurrir a los pliegos que, como recoge el anuncio del BOE, deben estar
publicados en los perfiles del contratante de la Comunidad de Madrid y el Canal
de Isabel II.
En la página del primer organismo sencillamente no aparece
la licitación a día de hoy y en las del segundo, en lugar de publicarlos, remiten al departamento de imagen y relaciones
públicas. Por eso, en Tu Derecho a Saber los hemos reclamadoa la Comunidad de Madrid, aunque insitimos: es
una información que ya debería haber sido publicada. Y no nos han querido enviar esos pliegos.
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